La creciente ola de inseguridad en el país obligó al Gobierno a establecer una serie de propuestas con el objetivo de revertir la situación, pero lejos de plantear reformas estructurales recurrió a medidas consideradas “populistas”, según expertos en la materia.

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Por un lado, la presidenta Dina Boluarte ratificó que su Gobierno evalúa plantear la pena de muerte para los criminales, específicamente para los involucrados en delitos graves como sicariato. De acuerdo al analista político, Miguel Antezana, esta iniciativa es claramente una “cortina de humo” y no una medida inmediata para frenar la delincuencia.

“Es una maniobra distractora que no soluciona en nada el problema de la inseguridad en el país, sobre todo porque es una medida de muy largo plazo, que no depende exclusivamente de ella”; declaró a El Tiempo.

En esa línea, Antezana señaló que en el hipotético caso, el país tendría que desvincularse del Pacto de San José, una decisión que terminaría de efectuarse después de un año como mínimo. Además, se necesitaría una reforma constitucional que recaería en manos del próximo Parlamento.

“Si ella renuncia al Pacto de San José el 1 de abril, recién el 31 de marzo del próximo año el Perú sale del tratado, no es algo inmediato. Pero eso no es todo, la constitución establece que la pena de muerte solo se da para casos de traición a la patria y terrorismo, tendría que reformarse la Constitución y recaería en el próximo Congreso bicameral, eso significaría una lucha de por lo menos tres años”, comentó.

Asimismo, calificó la iniciativa como “populachera” pues recae en un aprovechamiento de la ignorancia de la ciudadanía.

Servicio militar obligatorio no tiene viabilidad

Otra medida que levantó duras críticas a su paso fue el posible retorno del servicio militar obligatorio. Para el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, esta propuesta es una «idea trasnochada» sin sustento ni viabilidad.

«En el siglo XXI, los países hacen el servicio militar atractivo con beneficios y proyección laboral. No puede ser manejado por jóvenes obligados», explicó.

En tanto, Antezana señaló que de aprobarse esta iniciativa, podría salirse de las manos del Gobierno pues los jóvenes recibirán una formación de apenas seis meses hasta que tengan la libertad para manipular un arma de fuego. Finalmente, sostuvo que este tipo de medidas evidencian la incapacidad del Gobierno para enfrentar la desbordante ola de inseguridad ciudadana.

Seis homicidios por día

De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el país registra 475 homicidios en lo que va del año, lo que equivale a seis muertes violentas por día. De esta manera, Perú enfrenta el inicio de año más mortífero del que se tenga registro, el cual llevó al Gobierno a decretar estado de emergencia en la capital  y una reunión urgente con los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) llevada a cabo el último martes.