Titular del gremio empresarial pide al Estado considerar la actuación del sector privado para inmunizar a sus trabajadores y familias.
Contra toda recomendación, en el Congreso se han presentado ya 13 proyectos de ley que buscan abrir la oportunidad de que, tanto los gobiernos regionales como las empresas privadas, puedan comprar y distribuir las vacunas contra la COVID-19, aunque se advirtió que esto podría suponer serias desigualdades en el proceso de inmunización.
“Si creamos divisiones en la compra, la capacidad de negociación como Estado podría afectarse. Lo que aconsejan los especialistas en salud pública, epidemióy la OMS es que la vacunación tenga como principio la vulnerabiliad, que se vacune primero a los grupos sociales más vulnerables”, aseveró el analista político, Gerardo Távara.
En ese sentido, consideró que el cumplimiento de este principio solo puede ser garantizado por el Estado, a través de un bien llevado plan de vacunaciones -y evitando nuevos escándalos como el Vacunagate-.
En su opinión, si interviene el sector privado, debe ser respetando este principio, pero por la experiencia podría ocurrir que el que acceda a la vacuna no será necesariamente el más vulnerables, sino el que tenga más dinero para pagar, lo cuál sería inoportuno en una situación de pandemia. Actualmente las negociaciones se hacen directamente con los Estados, por lo que tampoco considera viables la propuestas del Congreso.
“Se corre el riesgo de no respetar las fases de vacunación, y los gobiernos regionales no tienen competencias para comprar estas vacunas. Todos los países buscan comprar vacunas y son pocos los que las producen y las negociaciones son con el Estado. Sería un error que, en vez de uno solo que dirija las políticas de compra, sean 25 regiones las que decidan. No es algo que resulte viable”, dijo.
Los privados
Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio, se manifestó de acuerdo con que el Estado autorice que el sector privado adquiera y distribuya vacunas contra la COVID-19.
“Si tuviéramos acceso a comprar y distribuir vacunas, podríamos vacunar, totalmente gratis, a todos nuestros trabajadores, a obreros, técnicos y empleados de todo el sector privado, y a sus familias”, afirmó.
En ese sentido, explicó que en nuestra región la planilla formal electrónica del sector privado incluye a 176 mil piuranos que podrían acceder a la vacunación gratuita, por medio de sus empleadores, e incluir a sus hijos, cónyuge y padres.
Propuestas
Bajo el argumento de la incapacidad del gobierno en la adquisición de las dosis, las bancadas de Acción Popular (AP), Podemos Perú (PP), Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Frente Amplio (FA) y Nueva Constitución (NC) son las que buscan cambiar las reglas, de tal manera de que se abra un nuevo abanico de opciones para hacer que la vacuna llegue al país y se acelere el proceso de inmunización, logrando la inmunidad de rebaño.
Datos
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, y la primera ministra, Violeta Bermúdez, dijeron que los gobiernos regionales y las empresas privadas, por el momento, no pueden comprar ni distribuir vacunas contra el COVID-19 porque se generarían desigualdades e injusticias durante el proceso de inmunización.
