En una histórica decisión, Uruguay legalizó este miércoles la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores, convirtiéndose en el primer país de América Latina en reconocer este derecho.
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La votación se realizó luego de más de diez horas de debate parlamentario, en el que legisladores del Frente Amplio y miembros de los partidos opositores Partido Colorado y Partido Nacional expresaron su apoyo a la medida que despenaliza la práctica médica en casos específicos.
Un paso decisivo hacia el derecho a morir con dignidad
El proyecto de ley aprobado establece que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta y diagnosticada con una enfermedad incurable, irreversible o que provoque sufrimientos insoportables, podrá acceder al procedimiento de eutanasia bajo los términos establecidos por la norma.
Según el texto legal, la ley busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, siempre que el paciente lo solicite de manera voluntaria y consciente.
“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales, así como los extranjeros con residencia habitual acreditada en el territorio nacional”, indica el documento aprobado.
La normativa también detalla el paso a paso del procedimiento, desde la solicitud formal del paciente hasta la intervención médica, que deberá ser realizada por profesionales de la salud debidamente habilitados y con acompañamiento psicológico.
Proceso legislativo y consenso multipartidario
El camino hacia la legalización de la eutanasia en Uruguay comenzó el 13 de agosto, cuando la Cámara de Representantes aprobó inicialmente el proyecto. Posteriormente, el texto fue remitido a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde se llevaron a cabo consultas con colectivos médicos, religiosos y sociales antes de su votación final.
Durante el debate en el pleno, el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio y miembro informante del proyecto, destacó que la ley fue elaborada con responsabilidad y amplio consenso entre las bancadas.
“Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Fue muy debatido en diputados, y se ha mantenido una comunicación directa con senadoras y senadores para llegar a este resultado. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y se respeta la voluntad individual”, señaló Borbonet.
Un derecho, no una obligación
El senador enfatizó que la norma no impone conductas ni obliga a ningún médico o paciente a participar, sino que otorga la libertad de decidir sobre el final de la vida en condiciones de sufrimiento extremo.
“Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente ni impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible y con sufrimiento insoportable no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie”, manifestó Borbonet durante su intervención.
La ley también contempla la posibilidad de que los profesionales de la salud invoquen la objeción de conciencia, siempre que deriven el caso a otro médico dispuesto a realizar el procedimiento, asegurando así el respeto a las convicciones personales y religiosas.
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Contexto regional y repercusiones
Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en aprobar una ley que regula y despenaliza la eutanasia. Hasta ahora, solo naciones como Bélgica, Países Bajos, Canadá, España y Nueva Zelanda contaban con marcos legales similares.
La aprobación ha generado reacciones diversas tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de pacientes celebraron la medida, considerándola un avance en la autonomía personal y la libertad de decisión, mientras que sectores religiosos y conservadores expresaron su desacuerdo, argumentando preocupaciones éticas y morales.
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