El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su Administración puede continuar lanzando ataques contra presuntos narcotraficantes sin que el Congreso apruebe previamente una declaración oficial de guerra. Las declaraciones del mandatario, pronunciadas ante la prensa, reavivan el debate sobre los límites constitucionales del uso de la fuerza y la legalidad de las operaciones militares en aguas internacionales y en el extranjero.
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“No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra”, dijo Trump. “Creo que simplemente vamos a matar a personas que están trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos, ya saben, van a estar muertos”, añadió, en un tono que generó rechazo entre legisladores de ambos partidos y preocupación entre expertos en derecho internacional.
Expansión de operaciones y notificación al Congreso
El mandatario aseguró que, antes de emprender operaciones en “tierra”, notificaría al Congreso, pero sostuvo que los ataques en el mar —como los que ha ordenado en el Caribe y el Pacífico— no requieren una autorización legislativa previa. Trump también indicó su intención de ampliar las operaciones contra “miembros de cárteles” en países como Venezuela, lo que implicaría una mayor proyección de las fuerzas estadounidenses en la región.
Las recientes acciones navales y aéreas contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas han provocado inquietud entre varios congresistas, que han pedido al Ejecutivo pruebas concretas sobre la relación entre los objetivos atacados y el narcotráfico. Críticos advierten que la evidencia presentada públicamente hasta ahora —principalmente fragmentos de video y comunicados oficiales— es insuficiente para justificar la magnitud y letalidad de las intervenciones.
Defensa del Pentágono y declaraciones de Pete Hegseth
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió las operaciones y aseguró que las Fuerzas Armadas han verificado que cada embarcación atacada estaba implicada en el tráfico de drogas. Hegseth explicó además que la devolución de sobrevivientes a sus países de origen se ha actuado conforme a prácticas que describió como “estándar” en el contexto bélico, y que los heridos recibieron atención médica antes de su traslado.
No obstante, la explicación del Departamento de Defensa no ha calmado a todos los legisladores: algunos miembros del Congreso, incluidos figuras de la comisión de servicios armados, han solicitado audiencias y documentación adicional sobre la inteligencia que sustenta las intervenciones. El argumento principal de los críticos es que la Administración estaría ampliando el concepto de conflicto armado sin la autorización requerida por la Constitución.
Preocupaciones legales y humanitarias
Organismos internacionales y expertos en derechos humanos han expresado su alarma ante la campaña. Un grupo de expertos de la ONU advirtió previamente que la denominada “guerra” contra supuestos “narco-terroristas” plantea riesgos serios para el derecho a la vida y podría implicar violaciones del derecho internacional humanitario si no se demuestra la legalidad y necesidad de cada acción letal. Estas advertencias subrayan la tensión entre la lucha antidrogas y la protección de derechos fundamentales.
Asimismo, la práctica de atacar embarcaciones en aguas internacionales sin detenciones o procesos judiciales ha sido cuestionada por países de la región y por operadores jurídicos, que piden mayor transparencia sobre los criterios empleados para declarar objetivos como “narcoterroristas” y sobre las medidas de verificación previas a cada ataque.
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Impacto político y diplomático
Las declaraciones de Trump y la intensificación de las operaciones han tensado las relaciones con varios gobiernos latinoamericanos, que reclaman coordinación y respeto a la soberanía. Además, la postura del presidente refuerza una narrativa en la que decisiones ejecutivas de seguridad exterior se toman con rapidez y, según sus críticos, con escasa supervisión democrática. Legisladores que exigen controles más estrictos insisten en que el Congreso debe ejercer su rol de control sobre el uso de la fuerza.
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