El gobierno de Ecuador ha declarado un nuevo estado de excepción en la capital, Quito, y en seis de las 24 provincias del país debido al alarmante incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico, según un decreto presidencial emitido el jueves. La medida estará en vigor durante 60 días como respuesta a lo que el Ejecutivo ha denominado una «grave conmoción interna y conflicto armado interno».
Las provincias afectadas incluyen las zonas costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, además de la región amazónica de Orellana. La localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, también está bajo este régimen especial.
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Medidas restrictivas y toque de queda
El decreto presidencial establece un toque de queda nocturno que durará siete horas, comenzando a las 22:00 horas locales (03:00 GMT) y finalizando a las 05:00 horas del día siguiente. Las poblaciones de Guayas, Los Ríos, Orellana y Camilo Ponce Enríquez serán las más afectadas por esta restricción, que busca contener el auge de la criminalidad.
El estado de excepción faculta al gobierno a suspender temporalmente derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, permitiendo así un mayor control de la situación. En septiembre, Ecuador había finalizado una medida similar que duró 90 días en varias provincias, pero ante la persistente violencia, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha decidido implementar nuevamente la normativa.
Guerra contra el crimen organizado
Desde que asumió la presidencia, Noboa ha intensificado las acciones contra el narcotráfico, declarando al país en conflicto armado interno en enero de este año. Esta decisión le ha permitido desplegar fuerzas militares en las calles de manera permanente para combatir a los más de 20 grupos armados organizados que operan en el país, los cuales han sido calificados de terroristas y beligerantes por el mandatario.
El conflicto con estos grupos no solo se ha limitado a las calles, sino que se ha extendido al sistema penitenciario, donde han ocurrido violentas masacres con más de 460 reclusos fallecidos desde 2021. Estas cifras colocan a Ecuador entre los países de América Latina con las peores crisis carcelarias relacionadas con el narcotráfico.
Aumento de la violencia y asesinatos
La disputa territorial entre las bandas narcotraficantes, muchas de ellas con conexiones internacionales que incluyen a la mafia albanesa y a los carteles de México y Colombia, ha desencadenado una escalada en la violencia. La tasa de homicidios en Ecuador ha aumentado drásticamente, pasando de 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018 a 47 en 2023, un incremento sin precedentes en la historia del país.
El gobierno de Noboa ha señalado que las operaciones de las fuerzas de seguridad han logrado debilitar parcialmente a los grupos armados, arrebatándoles el control de ciertas zonas del territorio ecuatoriano. Sin embargo, las autoridades advierten que las bandas criminales están buscando nuevas maneras de reorganizar sus actividades y expandir su influencia hacia otras regiones del país.
Violencia en septiembre
Septiembre fue un mes particularmente violento, con matanzas que conmocionaron a la nación. En Quito, un ataque armado dejó cinco personas muertas, mientras que en otras partes del país se registraron cuatro agresiones contra empleados del sistema penitenciario, que resultaron en la muerte de cinco funcionarios, incluidos los directores de dos centros carcelarios.
Este último brote de violencia subraya la urgencia del gobierno ecuatoriano por restaurar el orden y la seguridad en un país que, en los últimos años, ha sido testigo del crecimiento imparable de las redes de narcotráfico y la violencia asociada.
El desafío del gobierno
El estado de excepción es una herramienta temporal en la lucha del gobierno ecuatoriano contra el crimen organizado, pero la magnitud del problema parece requerir medidas estructurales más profundas. Con un país inmerso en un escenario de violencia que abarca tanto las calles como las prisiones, el desafío para la administración de Daniel Noboa será no solo frenar la ola de crímenes, sino también desmantelar las complejas redes de narcotráfico que han encontrado en Ecuador un punto clave para sus operaciones.
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El presidente ha reiterado su compromiso de «no ceder ante el crimen organizado» y de proteger a los ciudadanos de las acciones violentas de estas organizaciones. Sin embargo, la población vive en constante tensión ante los nuevos brotes de violencia que no muestran signos de cesar en el corto plazo.
En este contexto, los próximos 60 días bajo el estado de excepción serán cruciales para determinar si las acciones del gobierno pueden finalmente marcar un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y la violencia que asola a Ecuador.
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