Parece que ciertos profesores han adquirido -con la pandemia-, el mal hábito de la inercia.
Con los plazos ya establecidos para que los escolares vuelvan a las aulas, rechazan la presencialidad y amenazan con huelga indefinida si es que el gobierno no accede a todos sus pedidos que, de manera exagerada, están haciendo.
Es probable que algunos dirigentes, aprovechando también la debilidad del gobierno y la sensación de ingobernabilidad, intenten chantajear al gobierno pidiendo menos horas de trabajo; menos alumnos en las aulas; protocolos minuciosos y hasta incremento de salarios. El pliego de exigencias es grande, pero la intención parece ser conseguir mayores beneficios, comprensibles, pero que no son éticos en momento de pandemia.
Es necesario, eso sí, que las escuelas estén en perfectas condiciones, tanto en infraestructura como en servicios; pero también que estén dotadas de mascarillas, sistema de desinfección, aforos, etc., pues de esto dependerá mantener alejado a la COVID-19; pero esto no tiene nada qué ver con los reclamos salariales y conflictos de los gremios de educación. Quienes se perjudicarán con una huelga serán los propios estudiantes.
