El escándalo ocasionado por las vacunaciones de 487 personas de manera indebida y en secreto no puede frenar el proceso de vacunación en el país. La población no puede perjudicarse por las malas prácticas de políticos, empresarios, lobistas, “amiguísimos” y “hermanísimos”. Ello no quiere decir, sin embargo, que el tema deba ser archivado: es urgente que se haga una investigación profunda y que los responsables sean sancionados como la ley contempla.

Pero, ¿tenemos en el poder los elementos (las personas) que garanticen una investigación que llegue a develar la verdad que la ciudadanía merece saber? ¿Es el exministro y hoy titular de la comisión que investigará la llegada de vacunas chinas, Fernando Carbone, un aliado en esta lucha contra la corrupción? ¿O, por el contrario, es un “topo” que podría ser funcional a los intereses de la también extitular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, con quien trabajó? La Federación Médica nacional ha levantado su voz de alerta y ha pedido que se cuide la transparencia de la investigación.

Esperamos que el ministro Óscar Ugarte tome la mejor decisión. Nadie quiere que, una vez más, los que aprovechan su poder para delinquir salgan bien librados y, al cabo de un tiempo, vuelvan a “servir” en el Estado como si nada hubiera pasado o como si esta crisis -que ha puesto al Perú en la mira de todo el mundo- se tratara de una simple travesura.

Si en el Ejecutivo la situación es delicadísima, en el Congreso no hay más esperanzas de integridad e imparcialidad. Hablamos de que el parlamento, el mismo que ha sido actor de una de las peores crisis políticas de los últimos veinte años, tomará en sus manos la posibilidad de establecer responsabilidades de funcionarios estatales. ¿Con qué moral podría hacerlo el Congreso que libró a Edgar Alarcón de la denuncia por amedrentar a auditores de la Contraloría, camino que probablemente también seguirá la denuncia por enriquecimiento ilícito que debe ser evaluada mañana? ¿Con qué autoridad podría hacerlo un Poder Legislativo que expide leyes que chocan con la lógica constitucional? ¿En quién podríamos confiar en estas circunstancias?

Mientras tanto, el presidente Sagasti sigue lamentando la traición de su equipo de confianza. Así es la política.