Mientras el Gobierno, apelando a un populismo pobremente disimulado, eleva las penas por bloquear carreteras, en el sur del país se anuncian precisamente estas acciones vandálicas en protesta contra Dina Boluarte.
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Al cierre de esta edición, en Ica la Policía liberaba una carretera bloqueada. Si este delito, tipificado desde el gobierno de Alejandro Toledo, ya existe, ¿por qué, simplemente, no se aplica la ley vigente contra los extremistas?
Básicamente por los siguientes motivos: el primero, es el desconocimiento. Los funcionarios del Ejecutivo adolecen de lo mismo que los congresistas y los magistrados; es decir, no conocen la ley ni como se administra un país. Otárola -verdadero gobernante mientras Boluarte solo pone la cara y la banda- ha caído en el mismo disparate que Pedro Castillo: ha creado la ley que hace respetar la otra ley. Semejante sinsentido solo puede entenderse de quien no ha recibido ninguna asesoría… o simplemente, busca crear más elementos distractivos, sembrar caos cognitivo a diestra y siniestra, atribular a los críticos y, de paso, crear -fallidamente- la imagen de un Gobierno duro frente a los maximalistas.
En segundo lugar, el Estado teme usar directamente los recursos que la propia Constitución y los códigos le confieren para imponer el orden. Prefiere, en cambio, el camino de vociferar e intimidar con la voz engrosada. El Estado tiene a su cargo a la fuerza policial, la cual tiene recursos disuasivos para contrarrestar a los vándalos -no a los legítimos manifestantes, los que expresan sus desacuerdos en diversos espacios, incluso las calles, respetando la ley-, desde el rochabús hasta el arma. En casos más extremos -aunque no alentamos esta solución-, existe el Ejército. Existe la ley, ¿por qué le cuesta tanto a las autoridades aplicarla?
Finalmente, recordar que, al contrario de lo que piensa cierto sector interesado de la ciudadanía, la cárcel por bloquear carreteras no es un invento de la “derecha opresora peruana”, sino una norma reconocida por otros países. En setiembre, Alemania condenó a ocho meses de prisión a una activista climática que, junto a un grupo de “gente sensible” que interrumpió una vía. Sí, cada país maneja como cree conveniente las penas, las sanciones, las carcelerías. A eso se le llama también soberanía.
