La Contraloría tiene bastante “chamba”: quedan tres meses para continuar con la evaluación de los perfiles de funcionarios a nivel nacional.

Además, también tendrá la labor de fiscalizar el dinero que prometió el presidente Castillo para reparar los daños ocasionados por el último sismo (son S/19 millones los obsequiados por el mandatario sin que se diga de dónde sale dicho dinero o quién lo administrará o quién dará cuentas). Por último, la Contraloría quiere saber por qué el precio inicial de la Refinería de Talara, de más de 1.350 millones de dólares, creció a la absurda cifra de 5.700 millones de dólares.

Habrá evaluación de contratos y, finalmente, un examen sobre si ha sido necesario gastar tanto en este proyecto faraónico que, a decir de algunos especialistas, no sería tan beneficioso para la economía regional como sí lo hubiera sido hace 20 años.

En el país hay una crisis de confianza. La ciudadanía no confía en sus autoridades ni en sus decisiones, pero tampoco las autoridades confían entre sí. Quizás por ellos los S/19 millones para las reparaciones en la región no serían administrados por ninguna autoridad local o regional. ¿Es que Castillo no cree que la gestión del gallo puede dar la talla? ¿Es que el presidente ya vio los reportes de corrupción del 2020 en los que la región Piura se encuentra en los primeros lugares? El tremendo daño que la institucionalización del delito nos hace es que el objetivo de profundizar la regionalización se vuelve cada vez más distante e inalcanzable. ¿Recuerdan el caso del exasesor regional y sus presuntos cómplices, involucrados en el pago de una carta fianza falsa?

Todos estos antecedentes juegan en contra del prestigio del GORE o de los municipios. Aún así, ¿no suena esto como un pretexto del Ejecutivo para evitar transparentar sus “donaciones” escondiéndolas en los muros blindados de algún ministerio o de la PCM?

Hay que recordarle al presidente que, como en el caso del despacho en Palacio de Gobierno, no se trata únicamente de un gesto burocrático mejorable, sino de un acto de transparencia, de política sana y de administración confiable.

Por último, lo de la Refinería es bastante debatible. Lo que sí es cierto es que la ejecución de todo el proyecto ha marchado a un ritmo más lento en comparación con la actualización tecnológica. Hay mucho más por ver.