La minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en una amenaza integral que compromete la economía, el orden territorial, la seguridad y la gobernabilidad del Perú, advirtió el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
El presidente ejecutivo del Ingemmet, Paolo Alzamora, recordó que en 2025, esta actividad ilícita habría movilizado más de 11,500 millones de dólares, equivalentes al 2.7 % del Producto Bruto Interno (PBI), “consolidándose como una de las economías ilegales más grandes del país”.
“El Perú no puede permitir que la ilegalidad le arrebate su futuro geológico”, añadió el funcionario en el marco de ProExplo 2026, donde participó en la mesa redonda Desafíos de la minería ilegal: consecuencias para la exploración minera, la economía nacional y sostenibilidad del Perú.
“Desde Ingemmet tenemos muy claro que esta lucha requiere información, evidencia técnica y decisión –continuó Alzamora–. Somos un ente técnico y vamos a poner a disposición toda nuestra información geológica y científica para enfrentar a la minería ilegal”.
Depredación versus oportunidades
En este contexto, resaltó las diferencias entre la exploración minera formal y la actividad ilegal.
“Mientras la primera se orienta a generar conocimiento, atraer inversión responsable y descubrir nuevas oportunidades de desarrollo para el país, la minería ilegal opera bajo una lógica extractiva depredadora que no genera valor sostenible”, dijo el titular del Ingemmet.
“La exploración formal construye conocimiento y abre oportunidades; la minería ilegal, en cambio, no explora: depreda, destruye territorio, captura renta, evade impuestos y expulsa la inversión formal”, alertó.
En esa línea, remarcó que el rol del Ingemmet es clave para fortalecer el ordenamiento del territorio a través de herramientas como el catastro minero, la generación de información geológica y la tecnología especializada, elementos que deben estar al servicio de la legalidad y el desarrollo sostenible.
Un desafío de Estado
El funcionario hizo un llamado a “consolidar una política pública integral y sostenida frente a la minería ilegal, que articule esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la academia” y que priorice tanto el control como la prevención.
“No estamos solo ante un problema productivo, sino ante un desafío de Estado. La minería ilegal deja tierra muerta, fractura el tejido social y compromete el futuro de las próximas generaciones”, remarcó.
Con su participación en este espacio de diálogo, “el Ingemmet reafirma su rol estratégico como organismo técnico del Estado, comprometido con la generación de conocimiento geocientífico y la promoción de una minería formal, responsable y sostenible que contribuya al desarrollo del país”.
Suscríbete a nuestro RSS