La Fiscal, Patricia Benavidez, se encargó ayer de picar el avispero político con la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, dos exministros y asesores que integraría una presunta organización criminal de la cual el propio mandatario sería el líder.
Las pruebas, según la Fiscalía, son abrumadoras y contundentes, pero ineficaces ante el poder presidencial.
En efecto, esta denuncia Constitucional no sacará a Pedro Castillo de Palacio como muchos quisieran. Según los constitucionalistas, el mandatario tiene un régimen especial y solo puede ser acusado por traición a la Patria; impedir elecciones o disolver inconstitucionalmente al Congreso. Para este caso lo que queda es la suspensión acogiéndose al artículo 113 de la Constitución por incapacidad moral. Y si esto no prospera, Castillo seguirá hasta el 2026.
Lo interesante de esta denuncia es que la fiscal está corrobora lo que es un rumor a voces al haber hallado graves y reveladores indicios de las maniobras delictivas de una red criminal enquistada en el gobierno, cuyo objetivo era copar las instituciones públicas para dirigir y direccionar millonarios proyectos que han beneficiado a los “patrocinadores” de Castillo.
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