Es extraña la forma cómo desde el Gore, a través de resoluciones firmadas por su gobernador, se apuran en limpiar los obstáculos a las empresas infractoras cambiando o “congelando” a funcionarios que no se alinean o denuncian.
Ya pasó con La Costanera y ahora se repite con la funcionaria que detectó y denunció el caso de corrupción en las compras de alimentos para los escolares a través de Agricultura.
También resulta sorprendente cómo es que ciertos funcionarios de la Drap se les ha estado “pasando” constancias de productor agrario falsas a través de las cuales se beneficiaban (hasta ahora) cinco proveedores “grandes” con millonarios contratos. Esta misma modalidad se habría aplicado en otras regiones en donde también se detectó falsificación de documentos y se anuló licitaciones.
Este hecho de corrupción, por la magnitud del dinero que se mueve, tiene vinculaciones nacionales y si Fiscalía investiga a fondo, podría pescar peces gordos de la política inmiscuidos en la alimentación de niños. Claro, que estos favores, como es lógico en un país donde la corrupción reina, no son gratuitos. En Piura podrían encontrar más de una sorpresa.
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