Tras la censura de los funcionarios

Tras la censura de los funcionarios

¿Será posible que el Consejo Regional censure a los funcionarios designados por el gobernador, Servando García? Algunos dicen que sí, pero los abogados no ven con optimismo esta salida que el colegiado regional busca como una forma de hacer sentir la presión y la fiscalización, más aún cuando el Consejo Regional no está cohesionado, y el oficialismo ha ganado hasta dos consejeros.

 

El Consejo Regional está sintiendo la presión de una parte de la población que le dice que está “pintado”, que no da fuego, que no ejerce la función para la que fue elegido. Lo cierto es que tiene pocas armas legales para hacerlo y a los tres consejeros oficialistas (Neyra, Saavedra y Lázaro) se han sumado dos más y habría un tercero, con lo cual la oposición perdería la mayoría.

Esta semana, la Comisión de Normas indicó que trabaja un nuevo reglamento del consejo, el mismo que sería debatido en la próxima sesión, en marzo ya podría estar vigente, siempre y cuando el pleno lo apruebe.  Ese nuevo reglamento prevé el retiro de la confianza o la censura de los funcionarios que no cumplan con las funciones encargadas por el Ejecutivo o mientras se investigan presuntas irregularidades.

Con el retiro de confianza o la censura, el gobernador se vería en la obligación de cambiarlos, destituirlos o simplemente sacarlos del cargo. Quieren aplicar lo mismo que el Congreso de la República, para el caso de los ministros, a quienes pueden interpelar y retirar la confianza al gabinete.

El Consejo Regional está buscando esta arma legal debido a que durante el 2019 se ha pedido que se separe del cargo a algunos funcionarios, pero todos siguen en sus puestos. El caso del audio en el cual se escucha, presuntamente al gerente de Desarrollo Social, Eddy Leyva, hablar de colocar a gente del “gallo” es un hecho, según el consejero, Alfonso Llanos no debería de pasar, porque la población está cansada de la corrupción y reclama transparencia en el manejo de las instituciones públicas.

El consejero José Morey señala que con el nuevo reglamento van a tener un arma legal para que el gobernador cumpla con implementar las recomendaciones del Consejo Regional. Sin embargo, no sería tan fácil.

La ruta

Para expertos en materia legal, el gobernador, Servando García, no va a ceder fácilmente y es posible que utilice todo el aparato legal del Gobierno Regional para frenar esta iniciativa.

En primer lugar, si la propuesta pasa de la Comisión de Normas al pleno, como parece que será, deberá contar con los votos necesarios para su aprobación. Se necesitan siete votos. Si se recordamos la elección del consejero delegado, el pasado fin de año, se votó tres veces para poder elegir a José Lecarnaqué, de Región Para Todos. Fue el consejero Virgilio Ayala, propuesto por el consejero de Talara, Yaserf Arámbulo, quien le dio la victoria al desprenderse de su candidatura y apoyarlo. Los consejeros, Saavedra, Neyra, Lázaro y Arámbulo siempre votaron a favor del candidato del oficialismo.

En este intento de cambiar el reglamento, al parecer se tendría los votos de Leonidas Flores, Alfonso Llanos, José Lecarnaqué, Víctor Chiroque, Félix Maldonado, José Morey y Virgilio Ayala, aunque el día de la votación esto podría variar y todo depende de las conversaciones que se hagan desde la oficina de la gobernación.

Desde el Ejecutivo

Si el cambio se aprueba en el pleno, para su promulgación necesita un informe de Asesoría Jurídica. Es posible, que en esta oficina se resuelva señalar que el acuerdo es ilegal y por lo tanto el gobernador no la firma.  El camino que queda es que vuelva al pleno y este la promulgue por insistencia. El Ejecutivo puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad y se iniciaría un largo camino que podría ir hasta el Tribunal Constitucional.

Cabe señalar que algunas regiones utilizan este mecanismo, pero no ha tenido efecto en los funcionarios designados por los gobernadores. El caso más conocido es el del gerente regional, Jesús Torres Saravia, quien fue censurado por el Consejo Regional de La Libertad en el año 2018. Sin embargo, el entonces gobernador, Luis Valdez lo dejó en el cargo hasta el final de su gestión. Valdez, después fue, jefe de enlace del Gobierno Regional de Piura, en Lima y fue destituido luego de una denuncia de Vigilia Ciudadana porque no iba a trabajar. Ahora es Congresista de la República. Nadie denunció que, presuntamente este funcionario recibió un sueldo sin haber asistido a cumplir con sus funciones.

A Torres Saravia el Consejo Regional de La Libertad lo censuró por negarse a asistir al pleno por tres veces. Este funcionario, según información recogida por los medios señalaba que no acudió a las citaciones “ni lo haría en el futuro, mientras no lo notifiquen de una manera legal. A lo que se refería el funcionario era que la única forma para que él esté presente ante el pleno era que lo notifiquen previo acuerdo de consejo publicado en el diario oficial El Peruano”, Correo 01/12/18

Si el Consejo Regional logra esta atribución estaría legando para las futuras gestiones un arma poderosa y que pondría el contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo regional. En este momento, las acciones de fiscalización del Consejo Regional mueren al emitir un acuerdo, una recomendación que luego va a las instancias del Ejecutivo, como Secretaría Técnica, Asesoría Jurídica y Procuraduría.  En algunos casos pasan al Poder Judicial.

El blindaje

El pasado jueves, al interior del Consejo Regional había la intención de abordar en sesión el tema del audio propalado por redes sociales, en el cual se escucha, presuntamente al gerente de Desarrollo Social, Eddy Leiva conversando con una funcionaria sosteniendo un diálogo en el cual hablan de sacar a trabajadores que no sean “gallo” “Sacamos a los que no son del gallo”, dicen. Sin embargo, el consejero José Lázaro García frustró la sesión.

El punto no estaba en la agenda de la sesión ordinaria, puesto que estos hechos se conocieron el miércoles y la agenda ya estaba decidida previamente, por ello los consejeros de la oposición utilizaron el mecanismo de autoconvocarse. Es decir, que al final de la sesión ordinaria podían realizar una sesión autoconvocada, pero necesitaban la presencia de los once consejeros. Después de una pequeña reunión, se conoció que Lázaro no quiso participar en la sesión señalando que tenía compromisos adquiridos previamente. Ante esto los consejeros optaron por convocar a la prensa para hacer sentir su malestar. Esta vez estuvieron ocho, de los once representantes. No estuvo Rolando Saavedra, José Lázaro y Jorge Neyra, los tres de la agrupación Fuerza Regional.

Para los consejeros, José Morey, Leonidas Flores y Alfonso Llanos, Leyva debía ser separado del cargo, mientras se investiga la autenticidad del audio, porque habría un presunto delito de tráfico de influencias. Leonidas Flores señaló que este funcionario tiene antecedentes como faltas de respeto contra un consejero. Al final del día, Leyva presentó su renuncia y el gobernador se la aceptó. Sin embargo, esto no exime la responsabilidad de investigar los hechos denunciados en redes sociales.

 

Por: Teo Zavala Palacios

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