En los últimos años, Perú ha optado por un enfoque muy pragmático: en lugar de dejar la oferta digital en una “zona gris” (donde prosperan operadores poco transparentes), ha creado un marco claro para que la actividad sea rastreable, controlable y, sobre todo, más segura para las personas. El punto clave es que la legalidad no se basa en declaraciones formales, sino en un sistema de autorizaciones, requisitos técnicos, registros públicos y coordinación entre autoridades administrativas, fiscales y antilavado.
El pilar normativo: una ley nacional y un reglamento operativo
La base es la Ley N.° 31557 (modificada por la Ley N.° 31806) y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 005-2023-MINCETUR. Este conjunto normativo define quién puede operar, bajo qué obligaciones y con qué controles, introduciendo un tratamiento “integral y uniforme” para los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia.
En la práctica, no basta con “tener un sitio web”: para ser considerado conforme a la ley es necesario entrar en un perímetro de autorización, con responsabilidades verificables y estándares mínimos. Es la diferencia entre un mercado visible (y por lo tanto controlable) y un mercado opaco.
La autoridad del sector: MINCETUR y la DGJCMT
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es la autoridad competente y actúa a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), encargada de formular, supervisar y hacer cumplir las reglas administrativas del sector, incluidas las del ámbito online.
Esto es relevante por una razón sencilla: cuando la autoridad está claramente identificada, resulta más difícil que operadores improvisados se disfracen de legítimos, y más fácil para ciudadanos y empresas saber ante quién responder (y quién puede sancionar).
Licencias y registros: la legalidad se puede comprobar
Uno de los mecanismos más útiles para la seguridad pública es la lógica “registro + trazabilidad”. En el portal oficial de MINCETUR existen secciones de registros (por ejemplo, laboratorios de certificación autorizados, proveedores de servicios vinculados, titulares de autorización, plataformas tecnológicas, programas y modalidades de juego). Esto crea un punto de verificación público: el operador serio no teme figurar en un registro; el irregular, en cambio, suele evitar cualquier forma de trazabilidad.
Es en este contexto donde cobra sentido plantearse la pregunta ¿Cómo elegir un casino online confiable en Perú?, como un criterio de protección personal basado en verificaciones objetivas (autorización, inscripción en registros, cumplimiento técnico, canales de reclamo y transparencia societaria).
Requisitos técnicos: certificación, auditorías y reporte de datos
Otro pilar es de naturaleza técnica, no “moral”. El reglamento no se limita a decir “compórtense bien”: introduce estándares y controles sobre las plataformas (incluida la exigencia de certificaciones y verificaciones), además de disposiciones sobre auditorías operativas y transmisión de datos económicos hacia un centro de datos del MINCETUR, con el fin de dificultar la manipulación de resultados o de la contabilidad.
En paralelo, la cadena de servicios asociados (por ejemplo, ciertos proveedores y servicios técnicos) queda integrada al sistema: si un proveedor trabaja con sujetos no autorizados, puede perder su estatus o registro. Es un incentivo fuerte para mantener “limpia” la cadena de suministro.
Protección de personas vulnerables: control de acceso y políticas de responsabilidad
La normativa y los documentos institucionales insisten en varios objetivos: integridad, transparencia, trato justo y protección de personas vulnerables, también mediante controles de acceso (en particular frente a menores de edad) y políticas de “juego responsable” orientadas a prevenir conductas problemáticas.
Aquí el enfoque no es solo represivo, sino preventivo. Si el acceso está controlado y el operador debe implementar procedimientos mínimos, se reduce el riesgo de daños sociales y de conflictos legales.
Prevención del lavado de activos: reglas específicas y coordinación con UIF/SBS
La seguridad no se limita a la protección del usuario: también abarca el uso ilícito de las plataformas. Un avance especialmente relevante es la aprobación de una norma específica de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los operadores del sector, mediante la Resolución SBS N.° 03622-2025, con un esquema de coordinación que involucra la supervisión técnica del MINCETUR/DGJCMT y el sistema nacional antilavado.
Este tipo de reglas suele imponer obligaciones como evaluación de riesgos, designación de responsables de cumplimiento y procedimientos de reporte, elementos que dificultan que una plataforma digital se utilice como canal de blanqueo de fondos.
Fiscalidad y trazabilidad económica: impuestos específicos y obligaciones declarativas
Por último, la legalidad también pasa por el ámbito tributario. La SUNAT establece un impuesto específico mensual (12 % de la base imponible) sobre la explotación de los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia, con definiciones operativas claras sobre la base imponible y sus componentes.
En relación con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), existen lineamientos y referencias normativas específicas, incluidos mecanismos que involucran a sujetos no domiciliados y figuras como el “agente de percepción”, precisamente para evitar que la extraterritorialidad se convierta en una vía de evasión.
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