Si el Estado no lo hace, lo haremos nosotros

En este espacio hemos llamado la atención muchas veces acerca del verdadero papel de la autoridad: gobernar, diseñar políticas, aplicarlas, administrar la ciudad o la región o el país. En cuanto a la seguridad ciudadana, ocurre lo mismo: mantener la paz y la integridad pública es su función esencial.

No obstante, cuando el sistema falla no es inteligente quedarse de brazos cruzados esperando a que los diferentes brazos funcionales del Estado actúen. Ante esa carencia, la autoorganización, la autodefensa no solo es un derecho sino un deber, como nos lo demuestran los vecinos de siete urbanizaciones de Piura, organizados a su propio riesgo, con elementos dados por el Gobierno Regional, pero adaptados a sus particulares necesidades e idiosincracias. Tenemos que replicar estas experiencias.

Lastimosamente, existen otros vecinos que en lugar de implementar estos elementos de seguridad cívica -bocinas, alarmas, equipo para vigilantes, etc.- han preferido guardarlos en un almacén, esperando que las instituciones les expliquen por qué no se los instruyó en su uso, por qué no se les dijo, por qué no se les indicó y demás cosas que, en esta época en que la delincuencia levanta su cerco alrededor de los núcleos urbanos, parecen excusas antes que reclamos.

En modo alguno defendemos que las autoridades abandonen sus deberes básicos; al contrario, creemos que los alcaldes, la Policía y la Región avanzan con cifras pobres que demuestran que no hay un objetivo ni un plan, ni siquiera poder de convocatoria -recuérdese la marcha de Castilla-. Sin embargo, no podemos esperar a que los ladrones, los extorsionadores y los asesinos nos encuentren discutiendo y dividiéndonos frente al enemigo común.    

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