Editorial: Protejamos la institucionalidad

Editorial: Protejamos la institucionalidad

Debido al ruido propio de los audios de la corrupción y las jugarretas del Congreso en respuesta al jaque lanzado por el Ejecutivo para hacer las reformas judicial y política que el país reclama, ha pasado desapercibido un hecho de trascendental importancia para nuestra vida democrática.

Esta semana, coincidiendo con el aniversario de la caída del líder terrorista, Abimael Guzmán, él y su cúpula senderista han sido condenados a cadena perpetua por el atentado de Tarata.

En aras de promover la memoria colectiva, necesaria para entender muchos aspectos del presente, es preciso recordar que el daño causado al país por Sendero Luminoso fue abismalmente mayor al de cualquier banda de delincuentes comunes.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo ocurrido en el Perú entre 1980 y 2000 –las matanzas de campesinos y atentados en las ciudades, como el de Tarata en Lima, la muerte de autoridades políticas y policías en Piura, por citar algunos- fue el “episodio de violencia más intenso y más prolongado de toda la historia de la República”.

Sin embargo, y pese a las graves heridas que dejó el fanatismo sangriento de SL, los peruanos ganamos esa guerra. Mientras en países como Colombia, la guerrilla pactó con el gobierno para poner fin a su “guerra interna”, el Perú venció a SL militarmente, encarceló a sus cabecillas; y todo con las herramientas de la democracia.

Es decir, dentro de un Estado de derecho y una institucionalidad que lamentablemente en estos días muchos congresistas, políticos, jueces y fiscales corruptos se empeñan en atropellar y destruir.

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