Bastante satisfacción se ha producido en la comunidad jurídica y la opinión pública, la emisión de la reciente sentencia del Segundo Juzgado en lo Civil de la Molina, mediante la cual se declara fundado el proceso constitucional de amparo interpuesto por su alcalde y autoriza a las empresas del sector privado a importar vacunas para su distribución gratuita a su personal y familiares directos.
En efecto, en esta resolución susceptible de recurso impugnativo de apelación, se dispone que para su inoculación, se deben respetar los protocolos de higiene y seguridad que establece el Ministerio de Salud, a fin de que se pueda coadyuvar en el proceso nacional de vacunación de manera alterna.
De la misma forma, se declara inaplicable el Art. 5 de la Ley 31091, en el extremo del cumplimiento del esquema de vacunación con participación de los gobiernos locales y de los sectores de salud para garantizar el acceso y cobertura y además se exhorta al Poder Ejecutivo para que trabaje de manera conjunta con los gobiernos locales y regionales en el proceso de vacunación a la población.
No cabe duda que esta resolución judicial se ha dado en un contexto mediante el cual los diferentes medios de comunicación social han propalado la información, relacionados con el fallecimiento de personas, que ya ascendería presuntamente a la astronómica cifra de 180,805 muertos y que ubica a nuestro país en el quinto lugar del ranquin de personas fallecidas, es decir después de Estados Unidos, Brasil, México y la India.
Durante estos días, los datos oficiales de fallecidos eran de 68.550 muertos aproximadamente en los últimos catorce meses; luego se solicitó sincerar las cifras, pues la cantidad de muertos que aparecían en las diferentes instituciones públicas como Reniec, Ministerio de Salud y Sinadef no coincidían, por lo que se ha dado a conocer que ahora la cifra negra de la muerte, bordean los 180,805 personas fallecidas, es decir tres veces más y con una alta posibilidad de seguir creciendo.
Estas magras cifras, se han incrementado al interior del país como en las ciudades de Lima, Arequipa, Puno, Piura, La Libertad, Huánuco, etc en donde se ha detectado un inusitado aumento de fallecidos, por motivos de la falta de oxígeno, ventiladores mecánicos, falta de capacidad hospitalaria y camas UCI, medicina, disminución de recursos humanos y mayormente por la sobredemanda de atención médica que ha rebasado toda imaginación humana.
