Por Contraloría de la República los funcionarios están atareados buceando en el mar de casos de corrupción detectados (hasta ahora) en varias instituciones públicas como Gobierno Regional y municipios. Investigación preliminar da cuenta de 110 funcionarios uñas largas involucrados en la desaparición –mejor dicho, repartición-, de más de 11 millones de soles.

Pero eso parece ser solo la punta del iceberg; se sabe que en estos meses de pandemia los uñas largas se han birlado con descaro millones de soles más en compra de mascarillas, vehículos, insumos médicos y un largo etc. Lo trágico es que lo han hecho anteponiendo su bolsillo e intereses rapaces a la vida de miles de piuranos que han padecido y muerto por esta pandemia.

Pero el reto no solo es descubrir el delito y desenmascarar a los saqueadores, sino sancionarlos con el rigor de la ley, y es esto último lo que muchas veces falla.

Por Contraloría, además de la falta de personal, debería contar con personal especializado en hallar rastros del delito en el sistema informático, mientras que la justicia ser más expeditiva en este tipo de fechorias. En eso debería interesarse también el legislativo