Economistas coinciden en que la reducción del IGV a siete alimentos –para ayudar a los más “pobres”, pero al final todos se benefician-, es una quimera. Una salida populista cuya intención es acallar la ola de protestas en las calles, porque esto no solucionará en mucho la crisis económica que se vive hoy en el país.
¿Y qué pasa con el resto de alimentos que son parte de la canasta familiar y que seguirán subiendo por los altos costos de los fertilizantes o el transporte? La medida, aunque temporal, deja igualmente otra interrogante: ¿Qué pasará si la crisis se agudiza… tendrán que incluir nuevos productos en la lista? ¿Cuál será el costo de esta medida en la economía nacional?
Por lo pronto, reducir IGV le generará al Estado una reducción en la recaudación fiscal en un momento en que se requiere mayores ingresos para enfrentar la pandemia, pagar bonos y programas sociales… Igualmente, ¿Qué pasará si la situación económica se torna insostenible o el gobierno de Pedro Castillo deba reestablecer el IGV a los alimentos beneficiados? El problema en este caso es que el populismo sin generar riqueza e inversión pública o privada hace daño en vez de ayudar.
