Por: Luis José Diez Canseco Núñez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
El sector privado requiere de un entorno jurídico en el que la normativa se respete.
La relación entre seguridad jurídica e innovación es de la máxima importancia para el desarrrolo económico, la promoción de las inversiones y la protección de los consumidores. Las empresas (cualquiera que sea su tamaño) que desarrollan o pretendan expandir sus actividades en cualquier país, esperan que exista un entorno jurídico en el que la normativa se respete.
Las normas y la jurisprudencia deben brindar estabilidad y predictibilidad. Ello es lo que se conoce como un Estado de Derecho. Si ello no ocurre lo más probable es que nadie quiera invertir y la consecuencia más que previsible será el estancamiento económico y la reducción e incluso marginación de las invesiones.
Tal como es universalmente conocido, la seguridad jurídica brinda la certeza de que las reglas de juego no se modificarán arbitrariamente, lo que permite que las empresas empleen sus recursos para invertir en proyectos de largo plazo. Sobre este particular, los activos intangibles, como es el caso de las marcas, las patentes y los derechos de autor constituyen uno de los activos más importantes del sector privado. Prueba de ello es que en casi todos los tratados comerciales de libre comercio y similares, los capitulos de propiedad intelectual son los más importantes y complicados de negociar.
Del mismo modo cabe destacar que vivimos en una época en la que cada día surgen nuevas tecnologías muchas de las cuales son, incluso disruptivas. Ejemplos son el blockchain y la inteligencia artificial. El derecho debe adaptarse a estas circunstancias y entender que estas creaciones intelectuales deben ser protegidas para que, de un lado, sigan consolidándose pero, de otro, que vayan de la mano y sean consecuentes con marcos regulatorios que protegan a la ciudadanía. En este sentido, la normativa debe armonizar el interés privado con el de la población en general, especialmente los niños y la juventud.
Como es sabido, todas las empresas deben proteger sus marcas, patentes y derechos de autor de tal manera que aseguren las ventajas competitivas que ellas les generan. En la medida que marginen infracciones (léase copias o falsificaciones) y potencien sus signos distintivos (marcas y diseños); además de maximizar el valor comercial de sus productos o servicios, podrán incrementar sus ingresos y generar incentivos para que puedan seguir invirtiendo en ellas mismas, asi como atraer a terceros para las acompañen en su crecimiento.
Tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una normativa clara y predecible en estas materias brindará a las empresas una ventaja competitiva, seguridad económica y respetabilidad o prestigio, aumentará el valor comercial e incrementará los ingresos.
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