Es probable que al término de su mandato (si no es antes), el presidente Martín Vizcarra termine incriminado, con prohibición de abandonar el país o en el peor de los casos con arresto domiciliario.
Las denuncias en su contra de tres aspirantes a “colaboradores eficaces” son graves, porque uno de ellos lo compromete con la recepción de más de un millón de soles por favorecer a la empresa Obrainsa. Vizcarra afirma que es “venganza política” por liderar la lucha contra la corrupción en el país.
Lo cierto es que el colaborador eficaz se juega su propia sentencia, por lo cual cualquier mentira que se le descubra terminará con ese beneficio.
El Congreso agarró en el aire esta denuncia y ya preparan un segundo pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral.
Lo lamentable de esta situación es que con Vizcarra ya son cinco los presidentes investigados por presuntos actos de corrupción, en los últimos 30 años; mientras tanto, el mandatario queda en manos del Ministerio Público, de cuyas investigaciones dependerá su futuro legal. El Congreso hará su parte, pues no pierden la esperanza de aplazar las elecciones de abril del 2021 y generar una nueva crisis política. Así estamos.
