La cuarentena prolongada ha provocado la quiebra
económica y emocional de muchos hogares en el país por lo que se teme un brote de delincuencia que nuestras fuerzas policiales a duras penas podrían contener.
En la región, como hemos informado en varias ocasiones, existe un déficit de agentes y equipos logísticos, así como un vacío pericial que merma la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. Lo más básico, en ese sentido, sería invertir parte del presupuesto nacional en el mejoramiento de las comisarías, que son la primera instancia policial de respuesta en la comunidad.
¿Dónde debe hacerse esto? De acuerdo con el exministro del Interior y hoy analista político Fernando Rospigliosi, el reforzamiento debe hacerse en las zonas más
golpeadas por la crisis sanitaria; esto es, los barrios más
pobres, los sectores con menos servicios, aquellas plazas
dominadas por el abandono del Estado y de las instituciones, donde los delincuentes se han constituido, de facto, en detentadores del único poder posible, el de la pistola, el de la fuerza y la brutalidad. En una república, no solo es necesario garantizar las mínimas condiciones de vida desde el punto de vista sanitario o de los servicios básicos.
La seguridad ciudadana es también una de las bases del
desarrollo colectivo y sin ella otros factores, como la
inversión, el turismo, la industrialización y la progresiva
urbanización, quedan como ideales postergados o, simplemente, irrealizables.
La región, de acuerdo con datos del Observatorio de la
Deuda Social en América Latina (Odsal), tiene 89 comisarías, una cantidad que no se adecúa con su numerosa población y su vasta geografía. Del mismo modo, los más de 2.700 policías con que cuenta la región es una cifra ficticia pues, actualmente, la capacidad de respuesta policial ha sido mermada por el COVID-19. La idea de fortalecer la seguridad ciudadana pasa, entonces, por hacer un diagnóstico serio de la realidad regional y replantear la distribución de elementos, reforzar sus logística y dotarlas de mejor presupuesto. Y como no todo es represión en una estrategia de amplias miras, debe reajustarse urgentemente la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales. El hambre y la ignorancia son terrenos fértiles para la violencia.
