Por: Manuel Antonio Rosas Córdova / COLABORADOR
Recientes informaciones sobre la distribución de los efectivos policiales en las regiones del país nos revelan que la Región Piura está entre las más desabastecida de personal de la P.N.P. pese a que, aquí, los índices de crecimiento de la delincuencia son alarmantes. Por ser una región de frontera está más expuesta a ser una puerta de entrada para bandas criminales provenientes de los países del norte. Hay que tener presente que Ecuador, en estos momentos, es uno de los más peligrosos de América Latina.
El clamor ciudadano, especialmente de los pobladores de sitios como Sullana y Tambogrande, se manifiesta a diario para pedir al Gobierno Central que se tomen acciones inmediatas para controlar esta situación que ya lleva cobrando cientos de vidas inocentes en estos últimos cinco años. La situación es muy grave y lamentablemente hasta el momento no se han adoptado medidas urgentes para enfrentarla con éxito.
La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que la población peruana más sufre a diario. Los medios de comunicación llenan páginas enteras dando cuenta de los asaltos, extorsiones, crímenes, etc., que ocurren todos los días en todo el territorio nacional. A ello se agregan los delitos derivados de la minería ilegal, la trata de personas, la corrupción en los entes estatales y violencia familiar especialmente contra la mujer. Frente a esta dura realidad se requiere, con emergencia una acción coordinada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En el caso específico de las Fuerzas Policiales estamos viendo que, pese a los esfuerzos desplegados por sus efectivos y oficiales, no se dan abasto para hacer frente a esta escalada de muerte y violencia que viven las familias. Por eso es que se está pidiendo al Ministerio del Interior que, además de aumentar el número de efectivos, de la manera más inmediata se brinde a esta institución todo el apoyo financiero para renovar sus equipos, armas y pertrechos para luchar contra el crimen organizado. No es justo que trabajen con chalecos deteriorados y equipos obsoletos.
También debe comprometerse a los gobiernos locales, provinciales y distritales, para que participen más activamente en las acciones de control del orden y de los negocios ilícitos que florecen a la luz pública como son la explotación de personas, la venta pública de objetos robados (especialmente de teléfonos celulares) el tráfico de estupefacientes en sitios bastante conocidos en las ciudades y los antros de explotación clandestina de personas.
Cabe resaltar, como un buen ejemplo, cómo la Municipalidad Distrital de Surco (Lima) ha instalado un panel de control ciudadano para vigilar detalladamente las vías públicas (calles, avenidas, plazas, etc.) localizando las acciones dolosas de asaltantes y sicarios en forma inmediata y puntual. Esta introducción de recursos modernos en la lucha contra la criminalidad es una forma efectiva de promover la presencia de las fuerzas del orden en el momento preciso para atrapar delincuentes y proteger a las víctimas.
El Estado tiene que invertir más en la modernización de las FF.PP. porque está en juego el derecho a la vida que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos. La persecución del delito común en todas sus formas requiere de personal suficiente y bien entrenado que disponga de medios de comunicación virtuales, vehículos operativos y de todo lo que se necesita para una labor efectiva y pronta.
Los locales de las comisarías y puestos de vigilancia deben ser totalmente reconstruidos y adaptados a los requerimientos de la población que acude permanentemente en demanda de atención a sus denuncias, además de que se les dote de sistemas modernos de investigación e individualización de los infractores para que sus responsabilidades puedan ser cumplidas dentro de los plazos más breves. Los peruanos, en estas circunstancias apremiantes frente a la explosión de la delincuencia común, demandamos que los poderes públicos del Estado encaren esta emergencia ahora mismo.
SEMANARIO EL TIEMPO
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