Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Piura vuelve a enfrentar al Niño Costero con la certeza de que, aunque el desastre puede ser previsible, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente. Según escenarios del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 364,000 personas en Piura están en riesgo muy alto de inundaciones este año, una cifra que la ubica entre las regiones más expuestas del país. Otros reportes amplían aún más la magnitud del problema: hasta 975,000 personas y 283,000 viviendas podrían verse afectadas. Como vemos, no estamos ante un riesgo marginal, sino ante una amenaza que compromete a casi toda la región.
Pero este escenario no es nuevo. El Niño Costero de 2017 dejó más de 141,000 damnificados y cerca de un millón de afectados a nivel nacional, evidencia del enorme impacto de estos eventos cuando el Estado no logra anticiparse. Desde entonces, Piura ha sido considerada un caso emblemático de reconstrucción y prevención. Sin embargo, casi una década después, los indicadores muestran que el problema persiste.
Más preocupante aún es que la vulnerabilidad no solo se mantiene, sino que, en algunos aspectos, se agrava. En 2025, por ejemplo, la inversión en la gestión del riesgo de desastres en Piura se redujo en 36%, pese al contexto de amenaza climática. A nivel local, las municipalidades ejecutaron apenas el 69.5% del presupuesto destinado a este rubro, lo que revela limitaciones no solo de recursos, sino también de capacidad de ejecución.
A lo anterior se suma un problema crítico en la infraestructura mayor. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), encargada de proyectos clave como el drenaje pluvial y el control de inundaciones del río Piura, reconoce que estas intervenciones están todavía en fase de formulación y dependen de la asignación de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas para su ejecución. Es decir, en una región altamente vulnerable, las obras más importantes siguen sin concretarse.
Este desfase entre diagnóstico y acción revela una falla estructural: el Estado peruano ha demostrado capacidad para producir información técnica de calidad, pero no para traducirla en obras oportunas. Sabemos quiénes están en riesgo, dónde están y por qué, pero no actuamos con la urgencia que la situación exige.
Mientras tanto, las respuestas siguen centradas en la emergencia. Activar alertas tempranas, distribuir ayuda humanitaria y mantener operativos los centros de emergencia son medidas necesarias, pero no sustituyen la prevención estructural. Prepararse para responder no es lo mismo que evitar el desastre. Y aquí es donde el problema deja de ser solo técnico y se vuelve profundamente político. En unos meses, el país elegirá nuevas autoridades regionales y locales. En Piura, esa elección no puede girar en torno a promesas genéricas ni a obras visibles pero irrelevantes frente al riesgo. La evidencia está sobre la mesa: la región necesita gestión de cuencas, drenaje urbano, defensas ribereñas y ordenamiento territorial, no improvisación.
El voto, en este contexto, es una decisión sobre el riesgo. Elegir autoridades sin capacidad técnica o sin compromiso con la prevención equivale a aceptar que el próximo Niño Costero volverá a golpear con la misma fuerza. En cambio, exigir planes concretos, financiamiento asegurado y ejecución eficiente puede marcar la diferencia entre una emergencia recurrente y una tragedia evitable.
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