El aplazamiento de las clases escolares debido a la pandemia y el cobro que exigen algunas instituciones a los padres y madres de familia aún sin estar brindando el servicio de forma presencial, se ha convertido en todo un problema en Piura y el país.
Esta polémica era previsible y se habría evitado si desde un inicio el Ejecutivo daba pautas claras, como lo hizo con los colegios estatales. No fue así y recién cuando algunos
usuarios ya pagaron el 100% de la pensión de marzo a pesar de que incluso en algunos casos se ha sustituido las clases virtuales por el “envío de tareas para la casa”; recién el pasado miércoles la ministra de Economía anunció medidas sobre el pago de pensiones en colegios privados.
Una de las soluciones que miles de familias esperan de las reuniones de trabajo que vienen sosteniendo estos días los técnicos de los ministerios de Educación y del MEF, es fijar los criterios para establecer los porcentajes en que se rebajará dichos pagos por el servicio educativo, por ser brindado de modo no presencial, es decir, sin uso de instalaciones, no consumo de agua, energía y teléfono.
En el otro lado de la polémica está la entendible preocupación de las instituciones mismas por el alto incremento de la morosidad. Y es que, cada vez son más los padres y madres que se han quedado sin trabajo o se les ha reducido sueldos.
Quizá por ello, muchos colegios que inicialmente se mostraban renuentes a reducir el cobro por las clases virtuales, han ido ablandando sus posturas e incluso algunos ya empezaron a informar sobre rebajas de entre 10% y 30% en la primera mensualidad y durante el tiempo que dure la cuarentena.
En Lima, Agnieszka Céspedes, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados, opina que la reducción debería ser del 50% porque la calidad del servicio con la educación on line es bastante menor a la educación presencial.
Nunca como ahora, ante este peliagudo panorama, es decisivo y urgente el pronunciamiento del ministro de Educción, no solo sobre lo económico sino cómo garantizar la calidad del servicio brindado, sin perder de vista la necesidad de cuidar el lado emocional de los escolares, frente a un salto tan brusco de lo presencial a lo virtual. Lo que no se debe permitir es que continúe la incertidumbre, menos que se ponga en riesgo la cadena de pagos y el año escolar.