Con el incesante alza de los alimentos, falta de empleo, economía en riesgo de paralizar por la inestabilidad política agravada por las pésimas decisiones del Ejecutivo y del Congreso así como por los efectos de la guerra en Ucrania y una desaprobación presidencial de 76%, el Gobierno de Pedro Castillo, enfrenta su mayor prueba de fuego en lo que va de su mandato.
Independientemente de cuál es el porcentaje de responsabilidad del Gobierno en el creciente descontento social, el futuro del país depende del manejo, responsable o no, de la economía y de cómo se logre superar estas turbulencias que no se sabe cuánto durarán.
¿Cuanto beneficiarán a la población, por ejemplo, la reducción del 90% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas de 84 y 90 octanos, así como la eliminacipon del IGV a algunos alimentos?
En opinión de los especialistas, son estrategias convenientes para atenuar el impacto inflacionario. Sin embargo, el problema es que no se está llegando a los segmentos más afectados por los altos precios, los sectores más populares. En los mercados, si bien ya se reabastecieron, los precios siguen altos. En el caso de los combustibles clarmente la reducción no se siente en los usuarios.
Es urgente y necesario focalizar las medidas aún más. ¿Por que no se hace? Simple porque el Gobierno, al haber politizado instituciones claves y que deberían ser eminentemente técnicas, ahora carece de equipos capacitados para plasmar las estrategias. Es decir, cuando los efectos extremos del panorama económico exigen medidas extremas para amortiguar el impacto, faltan los técnicos que lo hagan posible.
Es más, sólo si el Gobierno no hubiese tomado decisiones imprudentes y, por el contrario, alentaba más el flujo de inversión, el país podría crecer a 5% y no a 2,5 o 3%. Un nivel de crecimiento de 5% hubiese amortiguado mejor el impacto que actualmente estamos sufriendo. Lo que queda es no perder de vista que las actuales medidas son necesarias pero no pueden prolongarse más un año, dada la alta recaudación fiscal que el Estado deja de percibir.
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