Por: Dr. Alberto Huiman Cruz, profesor de la carrera Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad ESAN.
El pasado 26 de marzo del 2023 la Presidencia de Consejo de Ministros aprobó el Decreto Supremo N° 043-2023-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por desastre de gran magnitud a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Es decir, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales que afectan la vida de la Nación y superan, o puedan superar, la capacidad de respuesta del país, y en casos excepcionales, alcancen demandar la ayuda internacional.
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En las últimas semanas el Perú ha sufrido fenómenos climáticos producto del Ciclón Yaku que generó damnificados y afectados. Ante esta situación, un factor importante para no agravar la salud humana y ambiental es continuar con el servicio de limpieza pública (almacenamiento, barrido, recolección, transporte, transferencia, valorización y disposición final de residuos sólidos).
Por ejemplo: el departamento de Piura ha sido el más afectado, porque en diversos caseríos y centros poblados el servicio se ha interrumpido completamente. En Tambogrande la situación se ha agravado debido al arrastre de los residuos sólidos desde los puntos críticos hacia aguas abajo, por las quebradas y zonas de desfogue.
De la misma manera, en varios distritos del departamento de Lambayeque como José Leonardo Ortiz y Chiclayo, las inundaciones han ocasionado el cese del servicio por varios días, generando más de 168 puntos críticos (lugar inapropiado de acumulación temporal de residuos) y la proliferación de vectores.
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En cuanto al departamento de La Libertad, específicamente en la ciudad de Trujillo, el botadero El Milagro (uno de los 50 perores botaderos del mundo) fue afectado por el desborde de la Quebrada El León.
Asimismo, en el departamento de Ancash se identificó más de 380 m3 de residuos sólidos provenientes de las inundaciones, que afectaron a pescadores y pobladores en Chimbote. Vía redes sociales diversos usuarios han manifestado su malestar por el servicio, alegando que por varias semanas no se realiza el recojo de residuos, sumado a la acumulación de aguas que atraen insectos.
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¿Qué se recomienda ante esta situación de emergencia que estamos atravesando?, resulta necesaria la activación de un proceso de respuesta para el manejo y gestión de los residuos sólidos. Para los gobiernos locales, como responsables y encargados de conducir este proceso sobre su jurisdicción, es importante la articulación con instituciones gubernamentales y organizaciones de apoyo especializadas para incrementar sus recursos económicos, experiencia sobre el tema, información oportuna e infraestructura. Recuérdese que el servicio de limpieza pública es continuo, regular, permanente y obligatorio, pero antes de las precipitaciones intensas por Yaku los municipios estaban muy lejos de cumplir con la prestación del servicio de limpieza pública.
La regularidad de este servicio, sobre todo en las circunstancias actuales, debe ser una prioridad, porque su interrupción genera riesgos potenciales de contraer enfermedades. Actualmente se registran incrementos en los casos de malaria, zika, así como brotes de: dengue, Chikungunya y leptospirosis. Además, de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
La declaración de emergencia debe venir acompañada de: organización y logística, fortalecimiento de la capacidad técnico-operativa, sistema de monitoreo y supervisión, y actividades colaborativas e informativas; sin embargo, no se da así en la realidad.
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Como parte del servicio de recolección se deben establecer rutas y frecuencias en función a la generación de residuos sólidos, el estado de la red vial y un orden de atención priorizando las zonas y poblaciones afectadas siendo, en la medida de lo posible, las rutas convencionales a las que está habituada la población. No obstante; si las condiciones climáticas no lo permiten y con el fin de mantener la flota operativa durante la emergencia, se debe comunicar con prontitud a la población los cambios que se realicen, pero no se ha hecho. Los sitios de disposición final deben ser evaluados rápidamente previo a su utilización, en caso de no contar con uno, debe establecerse un sitio temporal bajo condiciones ambientalmente adecuadas, pero tampoco se ha trabajado en ello.
Es necesario mencionar que, si bien lo descrito contempla acciones de respuesta durante la emergencia, es importante prever acciones antes de la misma dándole la prioridad requerida al manejo de residuos sólidos, esto permitirá identificar opciones más eficientes en costos y recursos, un mayor control sobre su manejo y reducir la vulnerabilidad de la población.
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No se ha trabajado por distrito en el desarrollo de una memoria referida a hechos acontecidos con el Fenómeno del Niño 2017, tampoco en fortalecer el Fondo de Emergencia Nacional no reembolsable.
Las lecciones del Fenómeno del Niño 1983, 1998 y 2017 fueron, lamentablemente, oportunidades para aprender haciendo, pero al 2023: ¿qué hemos aprendido como país desde entonces? Ya son varias gestiones.