Lo ideal en un país es que gobiernen los más capaces, experimentados y sobre todo, los más honestos. Esa es la esperanza de muchos ciudadanos, sin embargo, la tenaz lucha por el poder, la corrupción y la impunidad casi siempre terminan por imponer a personajes cuestionados y con un rosario de denuncias judiciales y policiales, dignas de un prontuariado malhechor.
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El caso del congresista Alejandro Soto de APP quien obtuvo ayer 77 votos a favor tras el pacto de bancadas, y que lo convierten en flamante presidente del Congreso hasta el 2024, es uno de esos casos de antítesis o de lo absurdo, pues en vez de diplomas, méritos académicos o experiencia en servicios sociales y administración pública ostenta nada menos que ¡55 investigaciones fiscales por estafa, abuso de autoridad, enriquecimiento ilegal, corrupción y apropiación ilícita!
Por supuesto, Soto lo desmiente, se jura limpio y achaca todo a una campaña sucia. Lo cierto es que a personajes como él se hace difícil creerle cuando jura que su “compromiso será la defensa de la ley, el respeto a la Constitución y al reglamento del Congreso”… claro, siempre y cuando no use ese poder a su favor o para quienes lo pusieron allí.
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