Toda ley tiene su trampa y, encontrarla, es la tarea en la que se esmeran los inescrupulosos, para sacarle la vuelta o para blindarse con la coraza de la impunidad, esa tara social que resulta de no castigar las faltas o delitos que se cometen en la administración pública.

La impunidad tiene varias causas, entre ellas, la leguleyada, la falta de evidencia concreta o la condescendencia ante a un hecho sancionable. Lo que hasta hace un par de años no se veía, era que una ley como la N° 30364 promovida por el estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, pueda ser útil a la corrupción para intentar neutralizar investigaciones, cuestionamientos y sanciones, cuando la trasgresora es una fémina, cuya actuación se pone en entredicho por su calidad de funcionaria pública y no por su condición de mujer.

Al amparo de la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, ejerce su derecho al control social, y lo hace investigando con profesionalismo, denunciando con seriedad y publicando periodísticamente sus hallazgos, con el fin que se investiguen formalmente y se sancionen porque agravian el interés público; pero quienes creen que el Estado es su chacra y los recursos públicos su botín, vienen usando una estrategia proterva, pretendiendo que dos mujeres, evidenciadas como partícipes y beneficiarias de actos de corrupción en el Peihap y en el Hospital Santa Rosa, son violentadas sicológicamente, solo por ser puestas al descubierto.

Conociendo las carencias y vicios de nuestra administración de justicia, no extraña que algunos de sus operadores actúen con gran ligereza y al recibir solicitudes de protección de quienes se cobijan en su condición de mujer para invocar falazmente que son violentadas, no evalúen mínimamente el contexto y motivación de esa petición y así darse cuenta que tienen una razón muy distinta a la invocada y que al otorgar esa protección, violan más bien derechos fundamentales de otras personas y el derecho que tiene la sociedad para defenderse y combatir a quienes hacen rapiña de los recursos públicos

Sin duda, son los agujeros negros de una legislación que deben ser reajustada, para que los corruptos y sus beneficiarias, no sigan burlándose de la sociedad y de la justicia.