La decisión del Ejecutivo de mantener encerrados en casa a los mayores de 65 años, bajo el argumento de que son vulnerables al COVID-19, desató la polémica; tanto así, que tras las diferentes protestas y argumentos legales, se ha autorizado -a partir de ahora-, que estas personas puedan realizar 60 minutos de caminata tres veces por semana. Eso no es suficiente. “Las mascotas tiene más derechos que los adultos mayores”, afirma el constitucionalista Enrique Ghersi, pues más allá de la seguridad de estas personas, el Estado les ha recortado un derecho fundamental y constitucional: su libertad. Están bajo prisión domiciliaria, sin oportunidad de trabajar o vivir libremente.
En efecto, esta medida les da a los mayores la categoría de ciudadanos de segunda clase, discriminándolos por razón de edad de las actividades diversas como el trabajo, distracción y libre circulación, etc. Pero el asunto va más allá, pues también afecta su salud mental, generando situaciones de estrés por el encierro y porque de alguna manera, esta norma, lo discrimina. En Colombia se aplicó la misma medida para mayores de 70 años, pero se dieron cuenta del abuso y se anuló.
