Mientras se desarrollaba el show del Congreso y su fallida vacancia contra Martín Vizcarra, el Tribunal Constitucional (TC) hacía malabares estos últimos días intentando pelar esa papa caliente que tiene entre manos desde hace tiempo: Decidir si el Estado cobra la millonaria deuda tributaria a las mega empresas peruanas o deja ir nada menos que 11 mil millones de soles, monto más que suficiente como para construir unos cinco hospitales de alta complejidad.
En un momento de perdón y promesas de congelamiento de deudas alentadas desde el Congreso, el Estado podría dejar de percibir esta millonaria suma de parte de 158 empresas entre las que se encuentran las más emblemáticas y controvertidas como Odebrecht, Supermercados Peruanos, Interbank, Latam, Telefónica del Perú y otras dedicadas a la minería, educación, agricultura, etc.
La sentencia debe darse este martes 22 y desde ya, la atención está en los beneficiarios, pues sin más, se irían muy orondos y tirando perro muerto al país. Ese dinero que no se cobraría, es el que se requiere para las obras públicas, pero lo más grave es el precedente jurídico que deja para otros casos similares.
