El Perú es poseedor de valiosos testimonios inmateriales y materiales de las épocas pasadas. Es un crisol bullente de lenguas, culturas e idiosincrasias porque siempre fue un país mestizo a cuya constitución aportaron civilizaciones milenarias autóctonas, y hasta el nacimiento del imperio incaico, que fue también una macrocomunidad multirracial y plurilingual. Este mestizaje se sigue incrementando hasta llegar a ser la gran nación peruana. Esta realidad rica, bella e importante conforma un patrimonio que tenemos el deber de proteger.
Restos arqueológicos aparecen en la geografía de este privilegiado territorio. Un magno conjunto monumental que, desgraciadamente, no ha contado ayer ni reciben hoy la atención prioritaria del Estado, por lo cual algunos monumentos corren el riesgo de desaparecer, como está ocurriendo en Lima. el arquitecto Javier Luna Elías, como antes lo habían hecho Bruno Rosselli, Héctor Velarde Cabello y Santiago Agurto Calvo, entre muchos otros defensores de los limeñísimos balcones (únicos en el mundo) y de las portadas señoriales de piedra labradas por anónimos artesanos andinos. Como en Lima en muchas otras regiones existe un patrimonio en riesgo.
El Ministerio de Cultura, trepado negativamente en la cresta de la ola mediática por el escándalo Swing, debiera acopiar con este fin más dinero para este funcionamiento con fondos públicos y aportes de los grandes sectores industriales, bancarios, pesqueros, etc. También deben revisarse los dispositivos legales, como “obras por impuestos”, que muchas veces (como sucedió en Piura con el antiguo Colegio San Miguel) hacer naufragar buenos proyectos en la burocracia.
El Estado tiene la obligación de ejercer la tutela del patrimonio cultural, especialmente como promotor y ejecutor. Es hora de que este Ministerio se descentralice para dotar a sus Direcciones Regionales de autonomía para invertir in situ los recursos propios recaudados a través del CIRA. El Ministerio de Cultura debería encargarse a profesionales que estén en la capacidad de desempeñarse como gestores culturales libres de capellanías partidarias o de relaciones subalternas con los gobernantes. El Congreso también tiene mucha responsabilidad en esta era de abandono cultural por no legislar normas que estén dirigidas a salvar nuestra identidad nacional.
