Desde hace más de dos décadas, se ha venido creando una serie de instrumentos y mecanismos orientados a promover y facilitar la participación de la población en la toma de decisiones relacionadas con la planificación y gestión del desarrollo territorial, y la vigilancia en torno al buen uso de los recursos públicos. Así, fueron surgiendo los Consejos de coordinación Local, los Comités de Vigilancia, los procesos de Presupuesto Participativo, la Ley de Acceso a la Información pública, entre otros.

La creación de estos instrumentos tenía su correlato en un creciente interés de la población por involucrarse en los asuntos públicos, interés que crecía al calor de escándalos de corrupción, de sospechas de enriquecimiento ilícito de autoridades; en general, de pérdida de legitimidad de autoridades e instituciones.

Estos instrumentos debían contribuir a fortalecer la gobernanza local, con instituciones abiertas y transparentes, con una población que podía aportar en la toma de decisiones, con instituciones que atiendan eficientemente las demandas de la población. Pero, la expectativa y entusiasmo inicial se fue desvaneciendo con el tiempo, pues las mismas normas ponían fuertes límites, que iban de la mano con autoridades poco dispuestas a facilitar la participación de la población. Así, por ejemplo, los Consejos de Coordinación Local pasaron a ser simples espacios de consulta sin carácter vinculante, que por lo general se crean para cumplir con una exigencia; los miembros de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo no cuentan con prerrogativas especiales para cumplir sus funciones; acuerdos y compromisos del presupuesto participativo que no se cumplen, etc.

El desencanto frente a estos instrumentos de participación y control ciudadano ha ido creciendo, generando frustración entre quienes desean ser parte de la gestión del desarrollo de sus territorios y encuentran trabas para hacerlo. Esta población demanda normas efectivas que faciliten su participación, principalmente en acciones de control.

Los candidatos al Congreso deben tomar nota al respecto, pues este tema es el gran ausente en las propuestas de gobierno. La modernización de la gestión pública debe tener entre sus ingredientes principales, la participación ciudadana, permitiendo que los ciudadanos de a pie pasen de ser simples beneficiarios de las políticas a sujetos activos de las mismas.