El Sistema de Justicia en el Perú se encuentra atravesando por un período de crisis debido a una serie de razones que afectan seriamente la misma administración de justicia que es una de las funciones más importantes del Estado. Los ciudadanos vemos como este importante sector público está afectado por causas diversas, pero también muchas veces por razones de orden político ya que los gobiernos de turno no han dado la suficiente atención a estos poderes públicos.
En el caso específico el Poder Judicial, indispensable para resolver controversias y dar a cada uno lo que corresponde, éste no actúa con la celeridad que se necesita ni ofrece -a las personas que acuden a sus estrados una atención eficiente por rápida. Cuando se adoptó la virtualidad en la actividad jurisdiccional de los jueces y fiscales los peruanos saludamos este gran paso hacia la modernidad con la esperanza de que, finalmente, se desterrara la lentitud con la cual trabajaban los funcionarios en todas las instancias. La gente esperó que se haga efectivo este viejo aforismo de que “la Justicia sin celeridad deja de ser justicia”. No ha sido así.
Los sistemas electrónicos introducidos en el aparato de la administración de justicia es verdad que abreviaron los trámites internos de esta compleja maquinaria del Ministerio Público y el Poder Judicial. El trabajo de los magistrados se transformó en un ente más tecnificado, pero así también alejó al Fiscal y al Juez de la persona natural de los investigados y los justiciables. Con el paso del tiempo los modernos mecanismos operativos sustituyeron al diálogo humano y a la inmediación con la prueba que son siempre elementos insustituibles para una justicia imparcial, eficiente y eficaz. Evidentemente que son males que nos ha impuesto la modernidad a los ciudadanos de a pie que acudimos a las entidades públicas competentes a demandar atención a los problemas siempre con la esperanza de ser atendidos en el menor plazo posible.
En estos momentos la población peruana, en todo el país, se encuentra pasando por un momento de grave crisis de valores morales y cívicos en la que los derechos constitucionales que tutelan la vida y la propiedad privada resultan letra muerta sin que el pueblo tenga posibilidades inmediatas de que la situación mejore y se controle la expansión de la delincuencia común. A diario los medios de comunicación nos dan cuenta de las actividades cruentas de las organizaciones criminales extranjeras y nacionales. Esto requiere pues, con verdadera urgencia, que se cuente con fiscales y jueces que actúen de manera inmediata y con la imparcialidad rigurosa como les exige la ley.
La administración judicial en el campo del Derecho Civil igualmente tiene que imprimir celeridad a sus actuaciones, usando todos los procedimientos virtuales creados específicamente para abreviar trámites y expedir resoluciones en los plazos que las mismas normas procesales establecen. En aras de apoyar el logro de este objetivo opinamos que cada oficina de control interno de la SUDAN tiene que actuar también con diligencia para contribuir eficazmente a una celeridad indispensable y evitar de esta manera que los expedientes duerman “hasta las calendas griegas” en los despachos.
El desarrollo del país en general requiere de un sistema judicial que con la ayuda de la virtualidad y sin perder el contacto humano con los justiciables camine recto y sin escollos. Tiene que entrar a tallar la Junta Nacional de Justicia proveyendo las plazas vacantes para que iscales y jueces sean titulares de su plaza en todas las instancias. Ello les dará seguridad en el cargo y mayor responsabilidad en la función.
Solo así la Justicia será un valor alcanzable por todos los ciudadanos en plazos razonables previstos en las propias leyes y obviamente con la alianza del impulso virtual a través de sus ordenadores.
La buena nueva en este tema para mejorar todo, en este distrito judicial, es la reciente instalación del Sistema Nacional Especializado de Justicia de Piura. Esperamos mucho de su actuación.
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