Un verdadero terremoto político desató el escándalo “Vacunagate”, según el cual el ex Presidente de la República, ministros de estado, altos funcionarios, servidores públicos, personas naturales, amigos y familiares, se habrían vacunado irregularmente tra la Covid-19 con dosis del laboratorio Sinopharm.

La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar a estas personas a fin de identificar plenamente e investigar la probable comisión de los delitos de concusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Esta investigación preliminar parte de la información de la noticia criminal y difundida a través de los medios de comunicación social y tiene por finalidad procesal vincular al presunto autor o autores con el hecho punible.

Diversos juristas señalan que las diligencias preliminares tienen como finalidad constatar, si han tenido lugar o no los hechos materia de conocimiento.

Por eso el Ministerio Público ha solicitado informes sobre la recepción y distribución de las vacunas a la Universidad Cayetano Heredia, cuya información habría sido remitida por Sinopharm y lo que se cuestiona y será materia de investigación, es que las mencionadas vacunas o placebos no habrían formado parte de los ensayos clínicos.

Por lo pronto, tenemos el escrito presentado por la Procuraduría al Ministerio Público solicitando la detención preliminar judicial de los funcionarios vacunados irregularmente, y para los altos funcionarios se debe tener en cuenta el artículo 99 de la Constitución Política del Estado referido al antejuicio y acusación constitucional.

Por lo que, es lícito que en cualquier momento el Fiscal puede requerir ante el Juez de Investigación Preparatoria la detención preliminar judicial y se solicita cuando existen razones plausibles, para considerar que una persona, ha cometido un delito sancionado, con pena privativa de la libertad superior a cuatro años y por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad.

En consecuencia, las diligencias preliminares, constituyen el inicio de una investigación y bien desarrolladas, conforme a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la defensa y al contenido esencial del debido proceso, garantizan éxito y una causa probable para llevarlo a juicio oral.