Se trata de un proyecto normativo que, de ser aprobado, permitiría a los jueces penalizar todo acto de extorsión, sicariato y también a las bandas organizadas, como actos de terrorismo.

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Y no es para menos, hoy los extorsionadores colocan dinamita en las casas de sus víctimas. En otras ocasiones arrojan bombas molotov o lanzan una lluvia de balas sobre los domicilios sin remordimiento alguno de que alguna bala alcance a los niños.

Para algunos juristas que avalan la iniciativa, esto son puros actos terroristas, sin considerar que las mismas llamadas extorsivas son actos de terror porque amenazan con atentar contra la vida de los familiares de la víctima (sus hijos).

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El debate recién se abre, pero desde ya algunos juristas avalan la iniciativa mientras otros, con ganas de tribuna y popularidad, han salido en defensa de los delincuentes bajo el argumento de los derechos humanos y el abuso que pueda cometer la justicia.

¿A esos forajidos les preocupará los derechos humanos de sus víctimas?