Los funcionarios del BCP anunciaron la ambiciosa campaña de donaciones “Yo me sumo”. Ellos dan los 100 primeros millones de soles para los sectores en pobreza y extrema pobreza.

El Estado lanzó antes el salvavidas con el pago de un bono por 380 soles; ahora se amplió a los trabajadores independientes, mientras se alistan paquetes de alimentos y canastas para distribuir a los sectores golpeados por el Covid-19.

Hasta aquí todo bien. Habría que felicitar a las instituciones y al gobierno por velar por los pobres del Perú; sin embargo, las preguntas que muchos ciudadanos se hacen son: ¿Cómo harán para distribuir la ayuda equitativamente entre los más pobres? ¿Saben realmente cuántos peruanos están en situación de pobreza y merecen una ayuda o beneficio?

En un país de “picaros” y “criollazos” las dudas son válidas, por ello el gobierno, pero también los sectores organizados de la población, deberían estar atentos para que un kilo de arroz no lo pasen como un saco que entregan a una familia, o que la ayuda vaya a parar a quienes sí tienen los recursos para subsistir la crisis. Con la entrega del bono ya vimos las primeras injusticias.