La Comisión de Ética del Congreso tiene guardadas nueve denuncias por recorte de sueldos a trabajadores de los despachos congresales. Entre ellos está la representante de Piura, Heidy Juárez, quien se salvó de la suspensión de 120 días sin goce de haberes, solo recibió una amonestación de 30 días.
El caso de los “mochasueldos” pareciera va rumbo a la impunidad, pues todas las acciones de la comisión de Ética apunta a salvarlos del desafuero o de sanciones drásticas al utilizarse la estrategia de las licencias personales (manoseado recurso burocrático) para retrasar las investigaciones, seguramente hasta que la opinión pública olvide el escándalo y las sanciones sean leves.
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Igual estrategia se sigue con “Los Niños”; 17 denuncias a igual número de parlamentarios acusados de canjear votos en el plenario a cambio de favores del gobierno de Pedro Castillo, siguen en el limbo. En ambos casos adrede, se intenta prolongar las investigaciones e indagaciones para favorecerlos. Son maniobras estratégicas que buscan enfriar los casos para después conseguir sanciones benignas y salvarlos del desafuero. Una razón más por la cual el Congreso está desprestigiado.
