En Ica, a pesar de los videos, mensajes de WhatsApp, audios y reconocimiento facial de un grupo de azuzadores y bloqueadores de carreteras atrapados in fraganti en el Barrio Chino, el fiscal Víctor Arias les dio libertad.
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En Lima, 28 extranjeros atrapados en un búnker de Pachacámac, que en el momento de su detención portaban armas de fuego, granada de guerra, drogas sintéticas y cocaína, también fueron liberados por la Fiscalía.
Ambos casos han sido calificados como una “traición” a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad por los jefes policiales, quienes cuestionan que ellos hacen todo el esfuerzo y hasta ponen en riesgo la salud y la vida de los policías para capturar a las bandas de extorsionadores, sicarios y delincuentes, pero éstos, por la “mano blanda” del Ministerio Público, inmediatamente ganan la calle para seguir con sus fechorías, pues a eso se dedican.
Este tipo de interpretación jurídica en favor de los delincuentes también se repite en otras regiones del país, dejando un pésimo mensaje a la delincuencia que interpreta que la justicia en el Perú casi siempre juega en favor de la criminalidad y la impunidad.
