La delincuencia e inseguridad se han convertido en un peligroso tsunami que afecta a la inversión privada y mucho más a la propia población, al emprendedor, al ciudadano y jóvenes. Según la data policial, en el país se roban 4.700 celulares cada día (antes eran 6 mil); mientras que las extorsiones están obligando a cientos de negocios y emprendimientos a cerrar sus puertas porque no pueden con tanto asalto.
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La respuesta del Gobierno ha sido solo la “emergencia”, pero sin un plan estratégico ni recursos necesarios para frenar a las bandas y prueba de ello es que no se han detenido los crímenes, los robos, mucho menos las extorsiones. Otra estrategia ha sido endurecer las penas por el robo de celulares hasta en 30 años, pero bajo un criterio netamente populista y demagógico.
Bajo esta norma populista, solo con capturarse al 50% de los ladrones de celulares, las hacinadas cárceles colapsarían. Esa severidad no se aplica, por ejemplo, para los receptadores o vendedores de equipos robados. Esperemos que con el crédito suplementario, el Gobierno de Dina Boluarte le dé orden y paz social al país secuestrado hoy por la delincuencia.