Los políticos que hoy dirigen al país desde el Ejecutivo y Legislativo se han propuesto a toda costa meter presos a los periodistas. Primero desde el Congreso con la ley mordaza (felizmente fue archivada); y ahora desde el gobierno que ha solicitado al parlamento facultades especiales para modificar el Código Penal (CP) y de esa forma castigar penalmente a los ‘instigadores de disturbios en manifestaciones públicas’.
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El asunto es que incluyen como ‘instigadores’ a los creadores de contenidos periodísticos y usuarios de redes sociales; a los periodistas y medios de comunicación que “informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales. El asunto ha escandalizado a la prensa nacional y también a los organismos de vigilancia de la libertad de expresión internacional como SIP.
Lo cierto es que modificar el CP legitimaría la criminalización de los periodistas peruanos quienes podrían ir a la cárcel por cubrir actos sociales que las autoridades (a su criterio y venganza) calificarían de ‘disturbios’. No se han dado cuenta que con ello también atentan contra la libertad de expresión, reunión y protesta respaldados en la misma Constitución.
