Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas para El Tiempo
Esta semana definirá la suerte de la aprobación de la Ley de Presupuesto 2023 tras un accidentado proceso entre el Congreso y el Ejecutivo. La región Piura pasaría a tener un gasto no financiero ni previsional de S/8,211 millones. La ejecución de estos recursos dependerá de cuán efectiva resulte la gestión de las nuevas autoridades regionales y locales que iniciará en breve.
Bien es sabido que normalmente cada inicio de mandato tiende a ver un desplome en la ejecución de la inversión pública de los gobiernos subnacionales por el proceso normal de aprendizaje de las nuevas autoridades, el cambio de los equipos internos y la usual auditoría que se realiza de la gestión saliente.
Un reto central será revertir la baja ejecución del gasto de inversión pública. Piura presenta un nivel de ejecución de 58.2%, por debajo del promedio nacional. Esto es particularmente problemático considerando que la región tendrá que realizar inversiones en sectores sensibles como salud, donde urge una intervención efectiva y rápida. Además, las nuevas autoridades tendrán que lidiar con las obras que se encuentran paralizadas. Según la CGR, Piura posee la tercera mayor cartera de proyectos paralizados al tercer trimestre de 2022, valorizada en S/3.170 millones, debido a incumplimientos contractuales y problemas en el saneamiento físico legal de los predios en el caso de obras de transporte.
Un desafío no menor será también asegurar una gestión transparente y proba. Piura fue la segunda región con el mayor perjuicio generado por actos de corrupción e inconducta funcional que asciende a S/1,130 millones, equivalente al 21.5% del presupuesto ejecutado por la región. Un factor que tiende a dificultar un control más efectivo es la alta proporción de obras pequeñas bajo la modalidad de administración directa, por un lado, y la elevada atomización de proyectos de inversión, por el otro. Lamentablemente, la acción del control interno ha sido insuficiente para detectar estos malos manejos.
En la actual coyuntura, urge un shock de gestión y transparencia para mejorar la calidad de vida de los piuranos. La desafección generalizada que la población se atribuye a la incapacidad de brindar servicios básicos de calidad y esto se exacerba por la crisis política que atraviesa el país. Si bien las nuevas autoridades podrán hacer la diferencia con planes sensatos y equipos técnicos idóneos, crucial será que el Ejecutivo comience a ocuparse con seriedad del cierre de brechas en regiones en lugar de atizar la confrontación política.
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