El archivo del Tratado de Escazú, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, era lo esperado, habida la lucha insensata entre las ONG “ambientalistas”, “la élite académica universitaria de derechos humanos” y el empresariado, léase Confiep y distintos grupos de poder, defendiendo el modelo económico de desarrollo liberal, apelando a la “intromisión a la soberanía”; con el apoyo de acólitos internacionalistas o constitucionalistas, que hablan de derechos humanos, de la boca para afuera, haciendo tabla rasa de aquellos.
Si bien es cierto, el archivo de Escazú, es un resultado decepcionante, para los intereses de los recursos naturales del Perú; también no es menos cierto, que partidos políticos como Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y otros, se han quitado la careta de la hipocresía política y una vez más se confirma, que estamos sujetos y vivimos en el país, el juego de la política farisaica e insana, predominando sobre el Derecho y la Política Internacional.
A este Tratado de Escazú, firmado ya por Ecuador, el gobierno peruano hubiera apelado para detener la contaminación de los más de 500 emprendimientos mineros artesanales informales e ilegales, en la cuenca alta del Puyango que da origen al río Tumbes, con sus playas y manglares altamente contaminados por mercurio, poniendo en riesgo la salud humana y la soberanía agrícola, pesquera y acuícola de esa Región. Ni que decir de la cuenca hidrográfica del Catamayo-Chira, con los embalses piuranos, también en riesgo.
Ya desde el 2010, la academia viene advirtiendo de discapacidades en las poblaciones vecinas del sur del Ecuador, Provincia El Oro, con tasa de prevalencia alta por cantón, de enfermedades teratológicas relacionadas al mercurio o Enfermedad de Minamata. Ante los signos de alarma ambiental en la cuenca Puyango–Tumbes, se requiere mayor compromiso del gobierno peruano y del Congreso con menos retórica y más acción.
