Bastante preocupación viene causando en toda la comunidad judicial y fiscal, el requerimiento solicitado por la Comisión Permanente de Evaluación Integral y Ratificación de la Junta Nacional de Justicia, mediante el cual solicitan para el próximo 30 de junio una serie de documentos para su respectiva evaluación.

En efecto, se trata del cumplimiento del Reglamento de Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces, Juezas y Fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público”, aprobado por Resolución 260-2020-JNJ, de fecha 20 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicita que los magistrados deben presentar los siguientes documentos para evaluar: i) la calidad argumentativa de las decisiones, ii) la gestión de los procesos y iii) los informes de administración y organización del trabajo, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.

En tal sentido, los magistrados de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país, así como también las diversas Juntas Provinciales de Fiscales de todo el Perú, vienen solicitando a la Junta Nacional de Justicia la postergación de toda la documentación solicita, dada la especialísima situación de emergencia sanitaria que viene atravesando el país, toda vez que para cumplir con dicho requerimiento se necesita que físicamente el magistrado se traslade a su despacho y ello originaría una alta probabilidad de contagio del COVID-19.

La propia presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios Alvarado ha tenido comunicación con su homóloga de la JNJ Dra. Luz Inés Tello de Ñecco, con la finalidad de solicitar el aplazamiento del requerimiento, a fin de que los magistrados una vez levantado el estado nacional de emergencia sanitaria y que la situación de la pandemia disminuya o en todo caso que se haya producido el proceso de vacunación, se cumpla con dicho requerimiento administrativo.

La opinión mayoritaria de los jueces y fiscales es que no se oponen a la presentación de toda esa documentación, pues están obligados a serlo, toda vez que existe un proceso de evaluación parcial cada tres años y medio, así como un proceso de ratificación cada siete años, sino es la especial coyuntura de pandemia que estamos viviendo y lo que no se quiere es que más magistrados sean contagiados y además puedan perder la vida en el cumplimiento del deber de presentar los informes de administración y organización, así como de gestión de procesos y la calidad argumentativa de las decisiones judiciales.