Desde que asumió el gobierno, Pedro Castillo y asesores fijaron como objetivo fortalecer su poder.
Reunieron en Palacio a ronderos, reservistas y prefectos nombrados por su gobierno para que “sirvan” a su causa. Lo mismo hizo con los gremios magisteriales, cuyos dirigentes con antecedentes o investigados por terrorismo, eran asiduos visitantes de Palacio. Hasta les prometió el botín de la Derrama Magisterial. La estrategia era tener muchos escuderos.
La táctica alcanzó también a alcaldes electos que asumirán el 2023, sin dejar de lado a los propios parlamentarios a quienes “compró” con dádivas. Todo eso financiado con recursos estatales.
La tarea iba más allá: Tomar y copar la dirección de las instituciones policiales y militares.
El caso de los ascensos es un ejemplo de esa intención interrumpida por el autogolpe. Y son estos grupos de choque los que azuzan y protestan. Lo más peligroso es que ex senderistas e investigados por terrorismo aparecen liderando el vandalismo. Por ello, es difícil creernos el cuento que es el pueblo oprimido el que está hoy bloqueando pistas, quemando instituciones o atacando policías y periodistas.
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