Dr. Pierr Adrianzén Román, docente de Derecho UPAO Piura
En las formas modernas de gobierno, una de las preferidas es la democracia. Esta importa una serie de elementos para su configuración y continuidad, no solo es necesario que una sociedad considere que ostenta una democracia, sino que esta debe mantener unos estándares adecuados para su vigencia.
Estos tres requisitos deben subsistir para poder considerar que una sociedad y un gobierno es democrático y, además, conforme al modelo instaurado en la Constitución de 1993, que tiene un carácter normativo, lo que en el texto se prohíbe, manda o permite, debe ser aplicable para todos, al no existir o, al menos en concepto no debería existir, zonas exentas de control.
En los momentos históricos en los cuales nos hemos desentendido del respeto de los derechos fundamentales y de la no concentración del poder público, la democracia se ha visto debilitada y, posiblemente, hayan surgido otras formas de gobierno. En estos momentos históricos surgen o deberían surgir las entidades legitimadas para realizar control.
Estas entidades y dado el contexto del planteamiento, son a las que la Constitución les ha encomendado facultades de control del modelo e implícitamente de la forma de gobierno, son las entidades que administran justicia, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que por voluntad del constituyente se convierten en los garantes de la continuidad del modelo y de la vigencia normativa de la Constitución.
El ejemplo paradigma de esta facultad lo tiene la cuna de la democracia según Tocqueville, Estados Unidos, donde incluso los actos de gobierno pueden ser sometidos al control de un juez. A la fecha un juez ha revocado una de las decisiones ejecutivas del gobierno de Trump como fue la restricción de financiación pública para investigación en la Universidad de Harvard y, otro caso que está en trámite, el cuestionamiento de los aranceles impuestos a medio planeta en el día de la liberación.
Las decisiones de los jueces en Estados Unidos también son cuestionadas a nivel político, pero dado el respeto que se tiene a su forma de gobierno y principalmente a la necesidad de no concentrar el poder público, hasta el presidente Trump, debe cumplir los mandatos de un juez.
Esta forma de control del poder público se constituye en una facultad elevada que tiene los jueces de la República y que ha tenido hitos importantes en nuestra historia republicana. López Albújar consideró inaplicable el delito de adulterio en un caso en 1917 y la juez Antonia Saquicuray, ochenta años después, aplicó el control difuso a la Ley de Amnistía en 1995.
La función del juez es innegablemente una de las más complejas, en especial en momentos convulsos en los que hay que contribuir con la República más allá del trámite burocrático de un proceso, se les exige mucho porque se espera mucho de ustedes.
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