Manuel Antonio Rosas Córdova / Abogado
La diplomacia peruana se encuentra pasando por un momento difícil al tener que confrontar una serie de aspectos importantes en el campo del Derecho Internacional Público.
Tradicionalmente el Perú es un país que siempre se ha mostrado respetuoso de los tratados suscritos para cumplirlos en todo su contenido literal tal como está previsto en la Convención de Viena de la que somos adherentes.
Igualmente, siempre fuimos respetuosos en lo que respecta a los deberes y obligaciones que emergen de los distintos organismos internacionales a los cuales pertenecemos, desde hace muchos años, entre ellos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
Precisamente hay ahora un debate nacional sobre un posible retiro del Perú del seno de este organismo continental encargado de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos.
El tema es muy serio y no debe tratarse bajo ópticas de carácter político del momento que acontece, ni menos con decisiones impulsivas ante la grave situación que estamos viviendo a causa de la violencia desatada actualmente.
La amenaza de la presidenta Dina Boluarte de conseguir el retiro de nuestro país tiene que analizarse con objetividad y serenidad, sin apasionamientos políticos, porque un paso así es muy serio.
A lo largo de nuestra historia republicana, desde los albores de la Independencia, el Perú siempre se mantenido respetuoso de los principios fundamentales del trato internacional.
Brillantes figuras como Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porras Barrenechea y Javier Pérez de Cuéllar (por mencionar solo algunos pocos) mantuvieron y enriquecieron esta tradición diplomática que nos colocó siempre entre las naciones de América más fieles a sus principios de paz y convivencia armoniosa con todos los pueblos del mundo.
Vista esta situación tan delicada sobre el tema, que ni siquiera ha logrado unidad de criterios entre los miembros del gabinete ministerial, la decisión que se tome tiene que estar fundamentada en los cánones de la política externa de la Cancillería, así como también tomar el pulso a las instituciones representativas de la población.
No podemos apartarnos tampoco de la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones consagradas en la Carta de las Naciones Unidas que está vigente desde el año 1970 que proclaman, ante todo, que los gobiernos de los estados libres y soberanos deben priorizar la protección del hombre en todos los tiempos, lugares y circunstancias. Se entiende que este amparo consiste en la protección del hombre por el solo hecho de ser hombre.
El retiro de la C.I.D.H. que está causando esta polémica tiene un procedimiento regido por su propio Estatuto y que no es nada sencillo para el Gobierno de la señora Boluarte, así como tampoco lo es para los integrantes de los otros poderes del Estado que deberán asumir una decisión que será histórica. Decisión que se torna más difícil y controversial dado el momento político que estamos viviendo con algunos de estos poderes públicos enfrentados entre sí.
La Declaración Universal de los Derechos humanos es una herencia axiológica que fue legada al mundo por la Francia revolucionaria del siglo XVIII. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hunde sus raíces precisamente en este texto ya adecuado a los tiempos modernos. No puede perderse de vista porque su accionar, al momento de administrar justicia en los casos sometidos a su arbitrio, cuida que al interior de las naciones que han firmado su Convención se respete a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado.
Vivimos actualmente en todos los países de América sumergidos en crisis institucionales y problemas humanos que, en algunos casos como el nuestro, no tienen visos de tocar fondo. La vida, que es el fin protegido por todas cartas constitucionales, está amenazada por problemas de extrema dureza como son el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la explotación del hombre por el hombre, etc.
Toda decisión que se tome respecto a la permanencia del Perú en el seno de la C.I.D.H. demanda pues que nuestros gobernantes agoten el debate a la luz de los principios del Derecho Internacional, de los preceptos de Justicia y Paz y del interés superior del Hombre.
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