Hemos iniciado un segundo año con las limitaciones propias de la pandemia, lo que nos exige entre otras obligaciones, el uso de la educación virtual como medio de realización y formación.
Si la educación ya se encontraba en crisis antes de la pandemia, es inevitable entender que con ella se llegó al colapso, sobre todo en los estratos sociales cuya economía difícilmente puede cubrir la canasta familiar.
En medio de todo ello, estos estudiantes ya bastante limitados en la posibilidad de adquirir herramientas tecnológicas, han tenido aún más limitaciones adicionales como es el uso del internet al que no todos tienen acceso, y por esa misma razón al no tener acceso a uno y otro elemento educativo hay que agregarle la dificultad para poder utilizar dichas herramientas. Y estas mismas dificultades afrontan a diario muchos educadores sobre todo en las zonas más alejadas de nuestra tierra peruana.
El Estado ha intentado mitigar ello regalando tablets en algunos lugares pero ese esfuerzo no es suficiente, por que no se ha llegado a todos los rincones del país y porque más allá de ello el acceso al internet debe ser un derecho fundamental que debe mantenerse más allá de la pandemia, tan necesario como el derecho al agua contenido en nuestra carta fundamental como derecho constitucional.
Si antes el uso del internet era un privilegio, hoy debe entenderse como una necesidad humana básica que debe regularse en favor de los que menos tienen. Esta debe ser una de las tareas fundamentales del(la) nuevo(a) inquilino(a) de la casa de Pizarro, sea cual fuera su tendencia política.
Quien se siente en el sillón presidencial deberá entender que nuestro Perú y su gente están por encima de cualquier posición ideológica; necesitamos desde hace mucho tiempo un presidente o una presidenta de verdad, que pueda permitirnos volver a creer que en nuestros 200 años de independencia, el Generalísimo José de San Martín no se equivocó al legarnos nuestra independencia nacional.
