Hay un hecho perturbador que recién se ha hecho público y que se dio durante el corto periodo de mandato del ex presidente Pedro Castillo. Según Contraloría, en la gestión del golpista se dieron nada menos que ¡76 mil 409 contratos públicos a ‘dedo’!
Para especialistas en administración pública es una cifra astronómica de contratos que se adjudicaron -seguramente-, a los amigos, parientes y recomendados del exmandatario.
Para Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, este tipo de contratos de servicios con montos pequeños se utilizan para favorecer a los recomendados, pero además permite fraccionar proyectos con financiamientos mayores y así evadir a la ley. Esta es una vieja modalidad de favorecimiento y tráfico de influencias que se sigue dando en la administración pública aun hoy.
Y parte del problema es la falta de control eficiente y carencia de mecanismos automatizados que alerten de patrones de corrupción.
Pero lo más importante, además del control, es la sanción. Hoy se cree que, si los descubren entregando servicios o fraccionando un proyecto, no pasará nada. Lo ideal es que estos delitos no queden impunes.
