Hacia fines de enero pasado, realizamos una encuesta sobre las perspectivas empresariales y el eventual rol del nuevo Congreso. Más del 40% se mantenía optimista y señalaba que esperaba un mejor desempeño por parte de este poder del Estado; mientras que un 31% se mantenía neutral. Dado que el ‘plato fuerte’ eran las elecciones del 2021, muchos no veían a la nueva representación como una fuerza desestabilizadora y con capacidad de maniobra.

No hay duda de que la agenda económica y política se puso ‘on hold’ desde la propagación del COVID-19; pero la labor del nuevo Congreso, por bienintencionada que parezca, ha causado daños que ya nos está costando millones de soles. El Congreso pasado fue duramente criticado –con total justificación, dado el desenlace de las cosas–, pero este último podría terminar costando más, sobre todo a las personas de menores ingresos.

La emergencia ha sido, lamentablemente, usada para tratar temas que no se resuelven de un día para otro. Tal fue el caso del Sistema Privado de Pensiones y el retiro del 25%. Dado su impacto negativo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció que financiaría por tres meses a las gestoras de fondos para que éstas no rematen activos; afectando así el valor de los fondos restantes.

Otra medida anunciada por el BCRP fue la compra de dólares a las AFP para mitigar el efecto en el tipo de cambio. Una situación similar ocurrió con la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia. Se señaló constantemente que dicha decisión costaría millones al Estado. De acuerdo con los especialistas, es probable que se tenga que pagar S/300 millones por compensaciones.

La última iniciativa del Legislativo es el proyecto para congelar el pago de deudas a entidades financieras por 120 días. La SBS, junto con otras entidades, ya se pronunciaron al respecto y de los peligros que el proyecto implica –quiebre de hasta 26 entidades financieras, según la SBS–. El principal golpe sería hacia las cajas y microfinancieras. De acuerdo con la FEPCMAC, las cajas municipales registrarían pérdidas alrededor de S/2.475 millones. Otro detalle no menor es que ya se generó miedo dentro de los que cuentan con depósitos en dichas instituciones, lo que podría causar una corrida de ahorros masiva.

Invocamos a una reflexión más crítica y razonable de lo que promulgan las autoridades y a siempre contemplar los costos indirectos, de mediano y largo plazo. Lo mismo para la ciudadanía. Es comprensible el malestar que se genera en tiempos difíciles; pero decisiones erradas o populistas causan daño en un futuro no muy lejano, si no de inmediato.